Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y FSP de CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), han reiterado nuevamente su unión para demandar a las administraciones públicas avances en el cumplimiento de la ley y apostar por la profesionalización.
Y para ello, han decidido retomarEl Observatorio de la Dependencia”, con la intención de cooperar con las administraciones públicas en recuperar los objetivos iniciales de la Ley y reconducir la situación, avanzando en la reglamentación pendiente, garantizando su cohesión territorial y poniendo en marcha criterios de eficacia y eficiencia en el sistema, fomentar la necesaria colaboración entre los ámbitos sanitarios y sociosanitarios.

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Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia han decidido retomar “El Observatorio de la Dependencia”

Y todo ello apostando por la mayor profesionalización del sector, la consolidación de las inversiones, la generación de empleo de calidad y cualificación del mismo, así como la mejora de la calidad en la prestación que se ofrece a las personas dependientes y a sus familias.
Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia representan a la mayoría absoluta de las empresas del sector en la que prestan servicio 180.000 trabajadores, que atienden diariamente a más de 1,2 millones de personas en situación de Dependencia a través de residencias de personas mayores, centros de día y noche, viviendas tuteladas, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia.
Cabe recordar que las trabajadoras y trabajadores del sector están realizando un importante esfuerzo de contención salarial en estos años de crisis. Por su parte, las empresas han trabajado intensamente para mantener el volumen de empleo en el sector, al mismo tiempo que las organizaciones sindicales y empresariales han contribuido a la profesionalización del sector.
Y todo ello con un claro objetivo: prestar un servicio de calidad con un coste sostenible en un sector, el de la Dependencia, que es único que no pierde empleo en la Encuesta de Población Activa.
En opinión de las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia estos argumentos vienen a reforzar la exigencia a las Administraciones Públicas de un Plan que haga efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia y garantice el derecho a la ciudadanía contemplado en dicha Ley.
No en vano el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) protege de manera efectiva a más de 700.000 personas y que da ocupación a más de 190.000 trabajadores. Y es que el rápido envejecimiento de la población origina necesidades asistenciales que deben ser cubiertas por los servicios sociales y sanitarios.
Tal y como ponen de relieve las organizaciones sindicales y empresariales del sector, España será uno de los países que más se va a ver afectado en relación al aumento del gasto público por el envejecimiento poblacional. En concreto, este desfase subirá 9 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) en 2060, casi el doble que la media comunitaria (4,6 puntos), situándose España en el grupo de mayor riesgo de los tres que contempla Bruselas, junto a Luxemburgo, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Rumanía o Irlanda.