Más del 90% de las entidades del Tercer Sector podrían desaparecer si el anteproyecto de Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno sigue adelante, poniendo en peligro los servicios que prestan a los colectivos más vulnerables, tal y como advierte la Plataforma del Tercer Sector (PTS).

geriatricarea Plataforma del Tercer Sector
La Plataforma del Tercer Sector advierte que la reforma de la Ley de Subvenciones abocaría a muchas entidades a su desaparición

Y para informar y debatir sobre las consecuencias de la reforma de la Ley de Subvenciones, la Plataforma organiza el próximo lunes 31 de marzo un Seminario dirigido a directivos y técnicos de las entidades del sector. En el mismo se abordará, entre otras cuestiones, la experiencia del Tercer Sector en la tramitación de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y su impacto en el Tercer Sector, el anteproyecto de la nueva Ley General de Subvenciones y las principales novedades respecto a la legislación vigente, y previsible impacto en el sector.
En opinión de la Plataforma del Tercer Sector, el Anteproyecto que modifica la Ley General de Subvenciones hasta ahora vigente conduciría a un “verdadero calvario administrativo” y a un “altísimo riesgo financiero para las organizaciones del Tercer Sector dado el enorme empeoramiento que este Anteproyecto de Ley implica en cuanto al acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos, los porcentajes de cofinanciación, los procesos de justificación, y el régimen sancionador exorbitante”.
Así, por ejemplo, la PTS recuerda que el Anteproyecto establece un sistema de cofinanciación para todas las entidades objeto de subvención con independencia de los programas que se desarrollan, lo que en la práctica supone que los servicios que se prestan a las personas en riesgo de exclusión social a través del Tercer Sector, tendrán que ser cofinanciados con otro tipo de fondos privados.
En este sentido, la Plataforma recuerda que el sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos “no es una responsabilidad de la cual la administración pública pueda liberarse, dejándola en manos privadas, ya que resulta básico para el correcto funcionamiento democrático de una sociedad inclusiva”.
De mantenerse la redacción propuesta, tal y como está redactada la cofinanciación, abocaría a muchas entidades receptoras de subvenciones del sector social a su material desaparición o bien a permitir la entrada de capital privado y lucrativo.
Por lo que respecta a los aspectos relativos a la finalidad y posibles entidades receptoras, la PTS alerta de que la indefinición en algunos artículos puede abrir la percepción de subvenciones a entidades privadas que persiguen fines lucrativos. Es por ello que se pretende traer al artículo el concepto de “interés general” que figura en el texto de la Ley vigente.
La PTS lamenta también que en la propuesta no se plantee modificar el artículo que establece que el pago de la subvención no se realizará hasta su justificación y recuerda que para las entidades del Tercer Sector de Acción Social tiene una especial incidencia la necesidad de liquidez para hacer frente a sus objetivos. En caso contrario se obliga a las entidades a actuar sometidas a condiciones de crédito.