El anuncio de nuevos recortes sociales y medidas de austeridad, recogidas en las medidas de ajuste remitidas por las Comunidades Autónomas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha suscitado el rechazo frontal Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), quien denuncia que nuevamente las personas más vulnerables serán quienes paguen la recuperación económica.

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COCEMFE denuncia nuevamente serán las personas más vulnerables quienes paguen la recuperación económica

Tal y como señala el presidente de COCEMFE, Mario García, “los recortes, nuevas tasas y copagos en ámbitos como los servicios sociales, la sanidad, la autonomía personal y la dependencia, la educación o el empleo han contribuido a acrecentar la situación de desventaja en la que ya nos encontrábamos con respecto al resto de la población, con ingresos un 23% más bajos, con problemas para llegar a final de mes en el 70% de nuestras familias, y con la tasa de empleo 40 puntos por debajo”. Y a esta situación de desventaja se suma el sobrecoste que tiene que hacer frente para adaptaciones, atención y tratamientos específicos.
Ante este panorama, COCEMFE, en nombre de más de 1.600 entidades de discapacidad en todo el país y en representación de más de 2,5 millones de personas con discapacidad física y orgánica, espera que el Gobierno central rechace estas propuestas, tal y como indican las fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por numerosos medios de comunicación.
Al mismo tiempo, la organización exige a las Comunidades Autónomas que no apliquen unilateralmente estas medidas y que reorienten sus políticas sociales hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad.
“Desde COCEMFE apostamos por que se reviertan las duras medidas de austeridad aplicadas de forma generalizada en todo el país y que agudizan la situación de precariedad económica que viven numerosas personas con discapacidad y enfermedades crónicas”, apunta Mario García.
En este sentido, reclama, tanto al Gobierno central como a las CCAA y las corporaciones locales, que no eludan sus obligaciones a la hora de proporcionar asistencia y apoyos al colectivo y dejen de tomar medidas que perjudican el empleo, la educación y la vida autónoma de las personas con discapacidad.