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La Comunidad Valencia acumula más de 80 millones de deuda y una media de 8 meses de impagos

Con la finalidad de evitar un trato desigual en el sector, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha solicitado al Consell que incluya en el próximo pago a proveedores, a través del FLA, a toda la tipología de centros de atención a la dependencia.
En concreto, desde Aerte se solicita que en el pago se incluya especialmente a aquellos centros que ofrecen el sistema BONO y aquellos que atienden a personas que sufren algún tipo de trastorno mental, muchos de ellos tutelados por la propia Generalitat, entidades que están pendientes de cobrar las cantidades correspondientes a todo el año 2014. Así como también a aquellos centros pendientes de recibir el 40% de la subvención anual.
Desde Aerte se ha puesto en conocimiento del conseller Moragues y de la consellera Sánchez-Zaplana la desesperación y angustia que están sufriendo algunas de las entidades ante la posible exclusión de su deuda en los pagos incluidos en el próximo FLA, al mismo tiempo que se advierte que no puede consentir que se vuelvan a cometer errores en la gestión de los pagos aunque ello suponga tener que llevar a cabo cualquier tipo de acción, judicial o no, que logre terminar con estas injusticias y desigualdades en el trato a los operadores del sector en la Comunidad Valenciana.
Con más de 80 millones de deuda acumulada y una media de 8 meses de impagos, seis más que el resto de comunidades, la valenciana es la última comunidad en resolución de pagos a los centros y profesionales de atención a la dependencia.
Ante la gravedad de la situación, Aerte ha solicitado una reunión con Alberto Fabra, con el objetivo de que interceda en la resolución del problema que la política sociosanitaria y los continuos impagos del Gobierno valenciano están generando en el sector de atención a dependientes, trabajadores, profesionales y a los propios usuarios.
Y desde esta asociación se denuncia también que existe desde hace años un abandono por parte de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda a la hora de establecer un calendario de pagos, imprescindible para que los centros puedan realizar, al menos, una planificación adecuada a medio plazo para evitar una incertidumbre constante sobre su viabilidad.
Esto ha llevado, durante los últimos años, al cierre de más de 11 centros, con una pérdida de más de 900 plazas y 500 puestos de trabajo.

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