Con el objetivo de garantizar la libre competencia entre residencias y finalizar con los privilegios de determinadas empresas al acceder a adjudicación de plazas concertadas de personas mayores, Aerte, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, exige la firma un Acuerdo Marco para sacar a concurso público 3.000 plazas concertadas.

Geriatricarea aerte plazas concertadas
Este Acuerdo Marco permitiría sacar a concurso público 3.000 plazas concertadas

En opinión de Aerte, los dictámenes e informes del Consell Jurídic Consultiu, la Junta de Contratación y la Abogacía de la Generalitat coinciden en que no se puede seguir concertando plazas, como hasta ahora, a través del procedimiento negociado sin publicidad, y no se puede admitir que se blinden esas plazas concertadas de ninguna manera, ya que cualquier paso en este sentido irá en contra la Ley de Emprendedores.
Este Acuerdo Marco, propuesto en octubre de 2014 por la Conselleria de Bienestar Social a todos los agentes del sector, plantea sacar a concurso público, abierto a todos las residencias en igualdad de condiciones y bajo la premisa de que sea el usuario quien decida libremente el centro donde quiere ser atendido, alrededor de 3.000 plazas concertadas en la Comunidad Valenciana:

– 1.000 nuevas plazas concertadas correspondientes al presupuesto de 2015.

– 2.000 plazas concertadas ya existentes que se han ido adjudicando a centros de accesibilidad por vía del procedimiento negociado sin publicidad a partir de 2008, teniendo en cuenta además que esos mismos centros ya habían sido adjudicatarios de otras 2.000 plazas correspondientes a lo que establecía en el concurso de 2001, según el cual, de 6.000 nuevas plazas construidas, el primer tercio, es decir esas 2.000, serían para plazas concertadas.

Aerte denuncia que, hasta ahora, se ha adjudicado, y se siguen adjudicando, plazas concertadas más allá del primer tercio del contrato del año 2001, a través del procedimiento negociado sin publicidad, sin contrato público y con un talante de exclusividad, ya que establece la premisa simple de tener experiencia previa y contrato de accesibilidad para poder ser adjudicatario, por lo que el resto de residencias del sector quedan al margen. Se trata de plazas que carecen de contrato público.
Cabe recordar que Ley de Emprendedores de 2013 especifica claramente que no se puede beneficiar a ninguna empresa por el mero hecho de haber sido contratista de la Administración. Por ello, desde Aerte se afirma que “no puede admitirse que se blinden esas plazas concertadas de ninguna manera, ya que cualquier paso que se dé en este sentido, irá en contra de esta Ley. Además, supondría el cierre de muchas empresas del sector de atención a la dependencia, y la pérdida de numerosos puestos de trabajo”.
Además, este nuevo Acuerdo Marco permitiría que las personas mayores puedan optar al derecho de decidir el centro donde quiere ser atendido, como ya ocurre con los servicios de sanidad o educación.