/p>La Fundación Manantial, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, ha elaborado un Código de buenas prácticas en el ejercicio de las medidas de protección jurídicas de adultos, dirigido a las personas con responsabilidad en la función tutelar y a la propia persona que ve modificada su capacidad jurídica
Geriatricarea Fundación Manantial Código de buenas prácticas protección jurídicas adultos
Este Código se presentó en el Congreso Internacional de Buenas prácticas en el ejercicio de las medidas de protección jurídica

Esta iniciativa surge para dar respuesta a la necesidad de reconocer las buenas prácticas en el ejercicio de las medidas de protección acordadas por los tribunales en los procesos sobre capacidad de las personas. Así, el código incorpora una “praxis acuñada con rigor bajo un prisma sumamente humano donde lo que prima es el respeto a la persona protegida”, tal y como afirma Francisco Sardina, presidente del Patronato de Fundación Manantial.
Y es que la existencia de un Código de buenas prácticas es un ejercicio de transparencia y un instrumento imprescindible para que el legislador, jueces y fiscales puedan en todo momento conocer cuáles son los criterios que deben guiar la puesta en marcha de una medida de protección prevista en nuestro ordenamiento, tal y como afirman desde la Fundación Manantial.
El Código de buenas prácticas en el ejercicio de las medidas de protección jurídicas de adultos se ha elaborado a partir de las conclusiones de seminarios celebrados a lo largo de 18 meses y con las aportaciones de todos los profesionales jurídicos implicados en un proceso de tutela, con el objetivo de sumar distintas perspectivas internacionales y las experiencias resultantes de la aplicación de la Convención de Nueva York para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Los autores de este Código, que estará disponible próximamente en versión digital, son Javier Pallarés, director de Tutela y Ámbito Penitenciario de Fundación Manantial, y Montserrat Pereña, profesora Titular de Derecho civil en la Universidad Rey Juan Carlos. La presentación de este documento tuvo lugar en el marco del Congreso Internacional de Buenas prácticas en el ejercicio de las medidas de protección jurídica en el que han tomado parte expertos jurídicos internacionales de varias universidades europeas.
Una de las principales conclusiones de este foro es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha confirmado la compatibilidad del modelo español de protección de adultos con los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. No obstante, el principal problema que presenta el Derecho español, no es la aplicación de la referida Convención, sino que el juicio sobre la capacidad se realice de forma correcta, que la medida sea adaptada a las necesidades de protección y que se controle adecuadamente el ejercicio de las medidas. Y para la consecución de estos objetivos, es imprescindible la especialización de los juzgados que conozcan estas materias

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