/p>Una de cada tres personas dependientes a las que se les ha reconocido el derecho no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, un dato que las estadísticas oficiales siguen sin reconocer, tal y como denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
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En el primer trimestre del año ha aumentado la lista de espera en 15.832 personas dependientes

A juicio de esta Asociación, de seguir la tendencia que marcan los datos oficiales del primer trimestre del año, se necesitarían 16 años para atender al completo la lista de espera. Y es que, según los últimos datos oficiales publicados, en el primer trimestre del 2016 han disminuido el número de prestaciones y servicios en 10.779.
Esto ha supuesto el cierre de 1.243 camas de residencia, 466 plazas en centros de acogida y se han reducido en 4.048 las prestaciones vinculadas a servicio. “El destrozo en este trimestre en cuanto a empleo, con estos datos puede calcularse en unos 2.500 despidos en el sector. Además se han reducido las prestaciones económicas familiares en 10.506”, afirma la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En este trimestre de 2016 ha aumentado la lista de espera en 15.832 personas dependientes a las que se les ha reconocido el derecho y están a la espera de recibir una prestación o servicio. “El ritmo de incremento de atendidos en el primer trimestre no es suficiente para absorber la demanda”, advierte esta asociación.
Además, teniendo en cuenta que el 54% de las personas en situación de dependencia son mayores de 80 años, “muchos de ellos fallecerán sin haber recibido el derecho que se les reconoce. El ministerio reconoce que casi el 20% de los fallecidos en este trimestre se encontraba en el ‘limbo’ de la dependencia».
Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se señala que estos datos negativos son consecuencia “del recorte acumulado del Gobierno Rajoy que asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares”.
Desde esta entidad se critica la “manipulación” de los datos desde el Ejecutivo en funciones, asegurando que “desprecia a las personas en situación de dependencia y sus familias, y llega hasta ignorar a los dependientes moderados a los que no incluye en la lista de espera, a pesar de que su reconocimiento de derecho se efectuó en julio de 2015”.

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