La Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE) principal asociación de entidades privadas de servicios de atención a las personas mayores en Aragón, junto con el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), ha presentado un recurso ante el acuerdo de acción concertada para la prestación del Servicio de Teleasistencia a domicilio en la provincia de Huesca, al excluir la posibilidad de que las empresas privadas puedan optar a prestar este servicio en igualdad de condiciones.

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ARADE y CEAPS han recurrido el acuerdo de acción concertada para la prestación del Servicio de Teleasistencia a domicilio en la provincia de Huesca

 
El anuncio, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca del pasado 2 de abril para la prestación del servicio durante cuatro años, exige que la entidad prestadora del servicio sea una entidad sin ánimo de lucro. Tal y como apunta Paquita Morata, gerente de ARADE, “volvemos a encontrar una nueva discriminación hacia las empresas privadas y los profesionales del sector con una licitación que solo tiene en cuenta la forma jurídica de la entidad, sin entrar a valorar la experiencia y la calidad del servicio prestado y que tampoco se sustenta por motivos de eficiencia presupuestaría».

«Desde ARADE siempre hemos defendido que la labor de las entidades sin ánimo de lucro es necesaria, pero no es incompatible ni debe ir en perjuicio de las empresas del sector, la mayoría de ellas pymes con un papel social y económico esencial en el territorio, y avaladas por años de experiencia y profesionales altamente cualificados», subraya Morata.
ARADE ya ha presentado el recurso de reposición, si bien tomará todas las medidas legales a su alcance para paralizar una licitación que consideran un nuevo ataque a la actividad de las entidades privadas. cabe recordar que desde ARADE ya se presentó el pasado mes de enero un recurso de reposición contra el Acuerdo de Acción Concertada para la prestación de servicios de plazas de atención a personas con discapacidad, a personas mayores dependientes con alteraciones graves de conducta y a personas en riesgo de exclusión social, que publicó la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, alegando los mismos motivos.
En este sentido, CEAPS, la patronal de la Dependencia en España, advierte que “debe primar igualdad de condiciones en el acceso a los contratos públicos para que los ganadores del concurso sean aquellos que mejores condiciones ofrezcan a los usuarios con independencia de quién ofrezca el servicio, lo importante deben ser siempre las personas”.