/p>La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) se muestran contarios a la creación de un Ministerio de Mayores, tal y como se solicita desde el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS).
Tanto Paca Tricio, Presidenta de UDP, y Juan Manuel Martínez, Presidente de CEOMA, muestran su apoyo y adhesión a las tesis y conclusiones del Informe “El Caos de la Dependencia”, realizado por el CEAPS y Gerokon, así como a todas las peticiones con las que el mismo concluye, plasmadas en el “Manifiesto de Soluciones al caos de la dependencia”, excepto en lo referente a la necesidad de la puesta en marcha de un Ministerio específico de Mayores.
A juicio de estas entidades «ya existe una estructura administrativa del Estado (Central, Autonómica y Local) que tiene suficiente espacio y competencias para asumir nuestras principales demandas, en especial a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), responsable de la gestión de los servicios sociales complementarios de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social, de las pensiones de invalidez y de jubilación, en sus modalidades no contributivas, así como del ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado en materia de personas mayores y en materia de personas en situación de dependencia».
UDP y CEOMA no secundan la creación de un Ministerio de Mayores y piden que las políticas dirigidas a garantizar los derechos y necesidades de las personas mayores sean una «transversal» de todas las Administraciones

 
Desde UDP Y CEOMA se rechaza crear instituciones o ministerios específicos «que aíslen las políticas orientadas a las personas mayores y/o con dependencia del resto de la sociedad. Desde las asociaciones de personas mayores buscamos que las políticas dirigidas a garantizar los derechos y necesidades de las personas mayores sean una TRANSVERSAL de todos los Ministerios, por ende, también de Consejerías y Departamentos Autonómicos».
Ambas asociaciones abogan también por no encarecer la gestión de esas garantías con el coste que tiene la creación de un ministerio “ad hoc”, afirmando que «en estos momentos esa petición no es positiva socialmente y puede ser utilizada mediática y políticamente para desprestigiar al colectivo de personas mayores, como ya hemos comprobado recientemente con las movilizaciones del colectivo reclamando pensiones dignas».
En este sentido, su petición al Ejecutivo pasa por la dotación de un presupuesto finalista al IMSERSO, dotado de como mínimo el 2% del PIB, destinado a las personas mayores en situación de dependencia. «Hemos de aprender de otros procesos semejantes, llevados a cabo por colectivos y movimientos que han conseguido hacer ‘transversales’ sus demandas. El mayor ejemplo es el movimiento por la igualdad entre mujeres y hombres, protagonizado fundamentalmente por las asociaciones de mujeres», afirman desde UDP y CEOMA.
En el marco del tercer sector de acción social solicitan una “carta de derechos sociales” de las personas (de todas las personas, sin distinción alguna, tampoco de edad) que sea respetada y cumplida en todos los territorios del país y en todas las administraciones públicas, cada una dentro de sus competencias, con el objetivo de lograr «una sociedad para todas las edades, inclusiva, diversa e igualitaria».
Desde UDP Y CEOMA se recalca su adhesión al resto de solicitudes plasmadas en el Informe “El Caos de la Dependencia” del CEAPS, y que son:

  • Poner a las personas mayores en el centro del sistema de dependencia, cuarto pilar del estado de bienestar.
  • Que la financiación del Sistema de Dependencia sea suficiente.
  • Incremento de servicios: centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia.
  • Derecho a recibir un servicio o prestación para quien tenga derecho a ese recurso necesario con total libertad de elección.
  • Disposición de un historial social y sanitario, único y compartido.
  • Igualdad en la valoración y evaluación de la dependencia, unificando los criterios y herramientas a utilizar.
  • Modelos de concertación de plazas públicas transparentes e inclusivos.
  • Equiparación del IVA que pagan las personas mayores y dependientes por los servicios asistenciales privados, al mismo nivel que los públicos o concertados (4%).
  • Ciudades más sostenibles y amigables con las personas mayores.

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