Inmersos aun en plena pandemia de Covid-19, y tras el nombramiento de Carolina Darias como nueva Ministra de Sanidad, desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) advierte de la urgencia de tratar algunos de los importantes retos a los que se enfrenta el colectivo de personas mayores ante la grave crisis sanitaria.

Estas reivindicaciones de UDP, entidad que agrupa a Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de toda España, buscan la implementación de políticas transversales dirigidas a garantizar los derechos y las necesidades de las personas mayores. Así, por ejemplo, se considera imprescindible reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y su capacidad de respuesta ante el envejecimiento, la cronicidad y la mayor demanda derivada de las patologías asociadas a la edad. Y para ello, es necesario dotar al Sistema de recursos económicos, profesionales y tecnológicos.

A juicio de UDP también es preciso abordar definitivamente la reducción las listas de espera, así como generalizar la universalidad en el acceso a los servicios sanitarios y ofrecer una cartera de servicios acorde con las necesidades de la población, dedicando especial atención a las personas mayores del entorno rural y a las personas mayores con discapacidad. En este sentido, «muchos de nuestros pueblos y municipios no cuentan con los recursos sanitarios necesarios. Hablamos de algo tan crucial como contar con un ambulatorio o centro de salud y contar con un doctor o una doctora todos los días», recalcan desde UDP.

UDP pide políticas transversales dirigidas a garantizar los derechos y las necesidades de las personas mayores

Desde esta entidad se reclama un sistema de salud que apueste decididamente por el fomento de la autonomía personal a lo largo de la vida, el envejecimiento activo y saludable, la medicina preventiva o la geriatría. De este modo, se debe promover la actividad física de las personas mayores, así como su alimentación saludable y la implantación y desarrollo de planes de envejecimiento activo en todas las Comunidades Autónomas, así como evitar la saturación de la demanda con el refuerzo de la oferta.

Reforzar y destinar más recursos a la Atención Primaria

Otro, aspecto que de destaca desde UDP es la necesidad de reforzar y destinar más recursos a la Atención Primaria, estabilizar las condiciones laborales de los hospitales e incrementar su asistencia hasta que se cubran las ratios internacionalmente definidas, «pues de ello dependen las vidas no solo de los y las pacientes, sino de las personas profesionales que trabajan sin descanso para frenar esta pandemia», recalcan.

Por otra parte, para avanzar hacia un modelo de atención centrada en las personas, UDP pide destinar recursos a la Atención Primaria, para que los profesionales de la Salud Pública puedan realizar un seguimiento más cercano y continuado de sus pacientes. Y es que «invertir y dotar con más recursos al personal profesional de la salud es crucial para salvar vidas y para evitar el colapso del sistema sanitario».

Respecto a las residencias de personas mayores, la Unión Democrática de Pensionistas exige garantizar que se está cumpliendo con los protocolos contra el coronavirus garantizado por el Estado en las Autonomías, para que no se vuelvan a repetir situaciones como las vividas durante la primera ola, en la cual fallecieron más de 20.000 personas en situación de dependencia.

«Recalcamos la necesidad de aumentar los ratios del personal cualificado en las residencias de mayores. Una problemática que ante un estado como el actual, siendo estos centros más vulnerables a contagios masivos por coronavirus, evidencia el desborde al que se ven sometidos muchos de estos trabajadores y trabajadoras, dada la imposibilidad de prestar una atención adecuada por falta de personal, a las personas residentes», afirma la UDP.

Como integrantes de la Plataforma Nacional Sin Sujeciones, desde esta Asociación se insta a promover una atención personalizada y libre de sujeciones físicas y químicas en las prácticas de cuidado que se desarrollan en los entornos sanitarios y sociales con las personas mayores, personas con discapacidad, con enfermedad mental y pacientes. Asimismo, se debe apostar por favorecer la construcción de nuevos centros, más cercanos y próximos a las residencias habituales de las personas usuarias.

En materia de Dependencia y Autonomía Personal, UDP indica que queda mucho por avanzar para reducir drásticamente las listas de espera de los servicios de ayuda a domicilio, garantizar el Sistema Público de Atención a la Autonomía Personal y asegurar el acceso al mismo, al importante número de personas que están pendientes de valoración. Y es que alrededor de 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente grado II y III de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho, como la solicitud de una plaza pública o una prestación económica para ser atendidas en centros residenciales. Además, es necesario regularizar académica y laboral de las personas cuidadoras de personas mayores en situación de dependencia y/o con enfermedades.

Y para lograr todo ello, desde UDP se considera fundamental garantizar el derecho a la atención sanitaria de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación sea cual sea su edad, así como garantizar el derecho a una vida digna y autónoma. En este sentido, denuncia «cualquier práctica de triaje ya empleada en marzo y abril tras el colapso sanitario por la Covid-19, donde en muchas ocasiones se tomaron medidas discriminatorias, donde la edad o el grado de dependencia, fueron tomadas en cuenta a la hora de dar o no servicio o atención médica».

Y para evitar estas situaciones se pide un mayor control en la gestión y en los protocolos de vacunación frente a la Covid-19, asegurando que las personas más vulnerables al virus y aquellas que sí están en primera línea de contagios (personal sanitario, personal de Ayuda a Domicilio, profesionales de centros de día y residencias, etc.) accedan en riguroso orden a sus dosis.

Finalmente, UDP reclama que el colectivo de personas mayores son sujetos con decisión sobre su salud y sobre tantos otros temas que afectan a su día a día. Y por tanto exigen que se cuente con ellos, frente al tutelaje. «Tenemos derecho a la información sanitaria y queremos ser consultadas antes de tomar medidas que nos afectan directamente«, señalan. Además, desde las asociaciones de mayores se demanda más recursos enfocados a la formación digital y relacionada con la salud de las personas mayores para que todas las personas puedan acceder sin restricciones al derecho a la información, en este caso sanitaria.