Además de atender a las personas mayores que requieren de un recurso residencial, en el nuevo contrato en el que está trabajando la Generalitat Valenciana primará la calidad por encima del negocio. Así, para la adjudicación de las 7.100 plazas residenciales se tendrán en cuenta criterios de carácter social, medioambiental y de responsabilidad fiscal.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha anunciado que su departamento está trabajando en la licitación de un nuevo contrato que supondrá la puesta a disposición de 7.100 plazas residenciales para personas mayores y que pondrá fin «al modelo Blasco-Cotino, sustituyéndolo por uno en el que primará la calidad por encima de negocio«.
Oltra explica que este contrato «tiene la finalidad de unificar en un único expediente todas las plazas privadas puestas a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas«, y que se incorporan al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales como plazas que son sostenidas con fondos públicos.
Este contrato, afirma, «supone la liquidación del modelo Blasco-Cotino de accesibilidad social, con todo lo que ello implica, ya que además de regular administrativamente una situación heredada supone la implantación plena de un nuevo modelo, donde lo importante son las personas residentes y no el negocio«.
La vicepresidenta recalca en que la atención «centrada en la persona es el pilar básico de las políticas desarrolladas desde el Consell del Botànic, que prima el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses empresariales, como ocurría en épocas pasadas, donde el negocio de unos pocos estaba por encima del interés de la mayoría«.
En este sentido, destaca que en la pasada legislatura ya se dieron pasos eliminando trabas que reducían la contratación «a unas pocas firmas afines al antiguo gobierno«, con la introducción de condiciones antimonopolio «para que las empresas pudieran concurrir a las contrataciones en igualdad de condiciones«. Asimismo, se comenzaron a valorar condiciones relacionadas con la mejora de la calidad asistencial, se endurecieron los criterios para eliminar las bajas temerarias y se redujo el peso del precio en la adjudicación.
En opinión de Oltra, se ha querido dar un paso más y en los nuevos contratos «se cambia el sistema de adjudicación, de manera que la adjudicación va determinada por criterios de calidad«, con la introducción de nuevos parámetros valorables mediante fórmulas objetivas. «Criterios de carácter social, medioambiental y de innovación, que modulan la relación coste-eficacia y la relación calidad-precio«, y ha añadido que estos pueden estar relacionados con la alimentación que se ofrece en las residencias o con mejoras laborales y salariales, entre otros.
La vicepresidenta explica que estos criterios son los que se van a aplicar al contrato de puesta a disposición de 7.100 plazas en centros residenciales, para atender a las personas mayores en situación de dependencia, para las cuales se proponga el ingreso en un centro residencial, así como para atender a aquellas personas mayores no dependientes que tengan la necesidad social de una plaza residencial.
«Este contrato tiene la finalidad de unificar en un único expediente todas las plazas privadas puestas a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en anteriores contratos, de manera que englobará las 5.075 plazas con contrato vencido o próximo a finalizar, así como las 406 que vencerán a lo largo de 2022 y las 80 que lo harán en 2023«, puntualiza. De igual modo, se propone la licitación de 1.539 nuevas plazas, con la finalidad de atender la gran demanda que existe en el ámbito de las personas mayores.