Una legislación clara al respecto, que obligue de forma homogénea a todas las Comunidades Autónomas a la realización de test antiCovid y vacunación para todos los trabajadores de las residencias de mayores. Esta es la exigencia que desde Grupo Social Lares han lanzado, después de que la justicia andaluza paralizara la orden de la consejería de Salud en cuanto a obligar a las plantillas a pruebas diagnósticas.

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido de forma cautelar parte de la orden de la Consejería de Salud que imponía pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) de la Covid19 a los trabajadores de residencias. Esta medida impone una situación muy similar a la que ya se vive en Castilla- La Mancha, donde tampoco se obliga al personal laboral de estos centros a someterse a test antiCovid y vacunación.

“En las últimas semanas, hemos vivido con preocupación el repunte en el número de contagios en los centros para mayores. Las cifras nos han alarmado y con razón, pese a que el 100% de los residentes está ya vacunado y un elevado porcentaje de trabajadores también. Por eso, no entendemos que la justicia tumbe medidas que solo buscan minimizar los riesgos de contagio en un sector de la población que, de contraer la enfermedad, puede acabar falleciendo”, explica Juan Vela, presidente del Grupo Social Lares.

La solución pasa porque la Administración elabore una legislación clara al respecto, que obligue de forma homogénea a todas las Comunidades Autónomas. “Tras la vacunación, el único método para saber si el virus puede entrar en las residencias es mediante la realización de pruebas diagnósticas a todo aquel que desempeñe una relación laboral con estos centros. Solo así se consigue identificar a los asintomáticos y se evita, por tanto, un contagio entre los residentes”, recuerda Vela.

Norma clara y de aplicación a todo el territorio nacional

La ausencia de una legislación concreta que contemple éste y otros aspectos que marcan el día a día de los centros y su relación con el virus, ha abierto la puerta a una heterogeneidad de escenarios. Cada CCAA ha impuesto medidas diversas y, poco después, cada tribunal superior de justicia de cada autonomía ha avalado o no, las mismas.

Esta situación provoca una disparidad en la normativa donde, por ejemplo, no son obligatorios los test para empleados en Andalucía o Castilla-La Mancha. En el caso de La Rioja sí se realizan test a la plantilla cada semana, pero no a las visitas. En Cantabria sólo se obliga al personal y a los residentes que regresan de sus vacaciones. Y podríamos seguir así hasta completar las diecisiete comunidades autónomas en las que se divide el país.

“En un sinsentido. Exigimos una norma clara y de aplicación a todo el territorio nacional, sin distinciones. Que obligue a la realización de test de detección de la Covid19 a todo el personal. Que obligue, también, a la vacunación de todos los trabajadores. Y que siga manteniendo las medidas de higiene y distanciamiento social en todos los centros”, concluye Vela.