Un total de 423.265 personas están a la espera en nuestro país de un procedimiento para la ayudas o el reconocimiento del grado de dependencia. El tiempo medio para las resoluciones es de 430 días, y 130 personas mueren cada día a la espera de una respuesta.

Según últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, en lo que va de año, 43.381 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia (26.212 dependientes con derecho pendientes de prestación y 17.169 pendientes de resolución de grado). Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (31,8%), La Rioja (31,2%) y Canarias (27,5%); y las que menos Castilla y León (0,15%), Ceuta (3,3%) y Navarra (4,1%).

Del mismo modo, las Comunidades en las que más ha aumentado las personas beneficiarias con prestación en lo que va de año han sido la Comunidad Valenciana (+14,38%), el Principado de Asturias (+14,24%) y la Comunidad de Madrid (13,59%). Por el contrario, en el País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias. Y en Cantabria, el número personas con derecho se redujo en lo que va de año en un 11,5%.

Con esta cifras, el Ministerio de Derechos Sociales y las Comunidades no logra el objetivo del plan de choque de reducir en 60.000 la lista de espera, que solo baja un -11,3% (-26.278 personas) en lo que va de año, aunque aumentan las personas beneficiarias en 87.701 (+7,2%). Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a las personas dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia.

Una reforma urgente para paliar el abandono

A juicio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. y para ello, el Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites, como por ejemplo:

• Simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. 
•  Avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad.
• La puesta en marcha de las prestaciones.
• Incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia.

Si bien ya se han recuperado los recortes del 2012 y se han incrementado los presupuestos, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se señala que hay que recortar procedimientos para evitar el sufrimiento y desatención de las personas en situación de dependencia, recordando que cada 11 minutos fallece en España una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 43.381 personas que fallecieron este año, el plan de choque no les llegó a tiempo.