La POP y la PMP denuncian la brecha entre la normativa y la realidad en el acceso a derechos sanitarios y sociales para colectivos vulnerables, como personas mayores con enfermedades crónicas y mujeres cuidadoras, y exigen medidas urgentes contra las barreras estructurales, la falta de equidad y la creciente dificultad impuesta por la digitalización del sistema.

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), exigen el cumplimiento real del derecho de acceso a la atención sanitaria y los servicios sociales de los colectivos más vulnerables: las personas mayores, especialmente mujeres, con enfermedades crónicas.

En esta línea, ambas plataformas han denunciado que, aunque los derechos están reconocidos en la normativa, su aplicación práctica sigue siendo muy limitada. Las barreras estructurales, la brecha digital y la falta de participación real limitan el acceso a una atención equitativa, personalizada y continua.

De esta forma, según los datos que ha extraído la POP con su Estudio del impacto de la discapacidad de las personas mayores, publicado a finales de 2021, en España, más del 80% de las personas mayores de 65 años tiene al menos una enfermedad crónica, y el 27,3% de quienes tienen una discapacidad a esa edad, afirma tener “mucha dificultad” o “no poder” realizar actividades básicas sin ayuda. Asimismo, el 23,6% de las personas con discapacidad mayores no pueden acudir solas al médico o a otros servicios sanitarios.

Sobre esta realidad del accesos a la atención sanitaria, Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, ha subrayado que “los derechos de las personas mayores siguen sin garantizarse. Su atención se ve fragmentada, poco accesible y carente de un enfoque integral, lo que vulnera su dignidad y autonomía”.

Por otra parte, según el informe de la POP Mujer, discapacidad y enfermedad crónica, presentado en 2020, el 65% de las mujeres con enfermedad crónica y discapacidad que son cuidadoras, tienen más de 60 años. Y, el 89% de estas mujeres asumen los cuidados sin recibir ningún tipo de apoyo profesional.

Ante esta situación, Carina Escobar, presidenta de la POP, ha declarado que “las mujeres mayores cuidadoras viven una triple discriminación por razón de género, edad y condición de salud. Reivindicamos su derecho al cuidado, no solo a cuidar”.

De igual forma, según el VII Barómetro EsCrónicos (2023), el 65% de los pacientes crónicos consideran que el sistema no garantiza adecuadamente sus derechos, especialmente en lo que respecta al acceso equitativo, la continuidad asistencial y la atención personalizada. Además, el 61% de los encuestados percibe que la digitalización ha dificultado su relación con el sistema sanitario, una cifra que se dispara entre personas mayores con baja alfabetización digital.

Ante este panorama, la PMP y la POP instan a las administraciones públicas y al conjunto del sistema sanitario a:

• Garantizar los derechos, la equidad y accesibilidad, con especial atención a las personas mayores y con discapacidad mayores.
• Reconocer y apoyar a las mujeres mayores cuidadoras, incorporando medidas específicas de descanso, apoyo psicológico y servicios profesionales.
• Reducir la brecha digital, asegurando la atención presencial y promoviendo la ausencia de barreras y la alfabetización digital para las personas mayores; Impulsar una atención sociosanitaria integrada, centrada en la persona y no en la patología.
• Fomentar el empoderamiento y la participación activa e informada de pacientes y personas mayores en la toma de sus decisiones sanitarias.