Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) se ha manifestado su total rechazo al establecimiento de una regulación estatal sobre la calidad nutricional y composición de los menús en hospitales y residencias, medida anunciada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

A juicio de la FED, esta regulación sobre los menús en las residencias, comunicada sin ningún tipo de consulta previa ni reunión con el sector, supone un nuevo ejemplo de la “política de imposición que desde hace tiempo viene practicando el Gobierno en materia de dependencia”, y denuncia que, en un ámbito tan delicado como la alimentación de personas mayores y dependientes —que requiere un enfoque individualizado, técnico y profesional— el Ministerio opta por una solución ideológica, centralizada y alejada de la realidad diaria de nuestros centros.

La FED señala que “resulta profundamente preocupante que desde el Ministerio se pretenda intervenir de forma tan directa en la elaboración de los menús sin tener en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas en esta área, ni las características propias de cada centro ni las necesidades específicas de las personas atendidas. Como siempre hemos defendido desde la FED, la atención debe estar centrada en la persona: eso significa respetar sus gustos, creencias, cultura alimentaria, condiciones médicas y, por supuesto, sus derechos”.

Esta patronal advierte también sobre la creación de una alarma ficticia e injustificada en torno a los menús en las residencias, que no se corresponde con la realidad del trabajo que se realiza cada día en los centros. “Los menús actuales no solo cumplen con los estándares nutricionales establecidos, sino que también se ajustan a las preferencias y necesidades individuales de los residentes”, afirman desde esta asociación.

Por otra parte, la FED señala que decisiones como la restricción del uso de determinados productos, como los congelados, evidencian un gran desconocimiento técnico. “Los productos congelados no solo mantienen sus propiedades nutricionales, sino que, además, permiten una gestión más eficiente de los recursos, fomentan un consumo más racional, más seguro y reducen significativamente el desperdicio alimentario. Se trata, por tanto, de una opción profesional y responsable, no de una carencia en la calidad del servicio”, afirman.

La imposición de menús estandarizados “no solo es una medida injusta y técnicamente discutible, sino que puede poner en serio riesgo la viabilidad económica de muchos centros”, advierte la FED. “Cada residencia cuenta con estructuras de gestión, presupuestos y recursos distintos, y cualquier obligación normativa que no esté acompañada de financiación adicional solo contribuye a agravar la ya frágil sostenibilidad del sistema”, indica esta asociación patronal.