La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) ha mostrado su satisfacción por el rechazo del Congreso a la aprobación por ley de la reducción de jornada a 37,5 horas, ya que, a su juicio, ponía en riesgo la productividad y la competitividad. La entidad asegura que esta medida era muy perjudicial para el sector de atención a las personas mayores con dependencia.

Desde ACRA se celebra que el Congreso de los Diputados haya rechazado la aprobación por ley de la reducción de jornada laboral a 37,5 horas, una medida que para el sector de atención a las personas mayores con dependencia suponía «un auténtico revés para la productividad y la competitividad«, asegura.

En este sentido, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, ha afirmado que “esta medida era impracticable en nuestro sector, que sufre un grave problema de falta de profesionales y debe atender a personas en situación de vulnerabilidad todos los días del año y todas las horas del día”.

Ademas, ACRA reitera que esta medida era una injerencia unilateral del Gobierno central que ignoraba los mecanismos de negociación colectiva. En Cataluña ya hay 101 convenios colectivos firmados con jornadas por debajo de las 37 horas, pactadas libremente hasta el 31 de octubre de 2024.

«Esto demuestra que el diálogo social funciona y permite adaptar las condiciones laborales a cada sector. Imponerlo por ley rompe el consenso, genera inseguridad jurídica y atenta contra uno de los grandes logros democráticos: la concertación social!», señala la patronal catalana.

En su opinión la imposición de una reducción horaria generalizada es una medida desconectada de la realidad sectorial que debilita la productividad y, por tanto, la competitividad de las empresas. Esto se traduce en una pérdida de eficiencia y capacidad de innovación, especialmente en los sectores más expuestos a la competencia internacional. El resultado es una economía menos dinámica y menos capaz de crear y mantener empleos de calidad asegura.

La reducción obligatoria impactaría con fuerza en un sector que requiere servicios 24/7 como el de atención a las personas mayores con dependencia, que tendría que contratar más personal sin tener margen económico para hacerlo y donde ya existe un grave problema de falta de profesionales, sumado a un absentismo creciente.

ACRA alerta que esto puede conllevar la pérdida de miles de puestos de trabajo y comprometer la continuidad de servicios básicos destinados a personas vulnerables, poniendo en riesgo una parte esencial del estado del bienestar.