Desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), se solicita al Defensor del Pueblo, en su calidad de Alto Comisionado de las Cortes Generales, la defensa de los derechos de las personas mayores en las residencias con motivo de la pandemia del coronavirus.

Estas dos organizaciones de referencia en el colectivo de personas mayores, que representan a más 2.300.000 mayores, recuerdan que son más de 17.000 las personas mayores que han fallecido en residencias en los últimos dos meses por el COVID-19, «simplemente por la discriminación de ser personas mayores y ser mayores de 80 años», y que las residencias no son centros sanitarios que sustituyen a los hospitales y menos a las UCI.

En este sentido, ambas entidades aseguran que las residencias sustituyen a los domicilios de las personas mayores, que por diferentes circunstancias familiares, sociales o de dependencia funcional y/o psíquica, requieren cuidados que no se pueden dar en sus casas y estas residencias pasan a convertirse en sus domicilios habituales.

Por este motivo, solicitan al Defensor del Pueblo, Fernández Marugán, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ante los derechos humanos y en igualdad de trato, que se atienda en los centros sanitarios a las personas mayores de 80 años como a cualquier otro ciudadano, para combatir cualquier tipo de discriminación y proteger a las personas mayores.

Asimismo, se pide que en las residencias, donde el personal cuida con cariño y vocación manifiesta a las personas mayores, estén equipadas correctamente para poder atender a los mayores infectados por el COVID-19 en las mejores condiciones posibles, así como que la coordinación sociosanitaria, que no ha funcionado correctamente, disponga de test y de EPIs necesarios. 

Recientemente, desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) se pidió a las Administaciones establecer criterios alejados del edadismo y no prolongar el confinamiento de las personas mayores sin patologías previa, más allá del que se disponga para el resto de la ciudadanía. De no ser así, se estará condenando a miles de personas a permanecer aisladas, agravando su situación, si cabe más, y dando lugar a situaciones de vulnerabilidad y soledad, denuncian desde UDP y CEOMA, recalcando que no se puede obligar a las personas que tienen más de 65 años a permanecer en confinamiento en sus lugares de residencia por tiempo indefinido bajo el criterio de su “edad avanzada”.