La pandemia de la Covid-19 está siendo especialmente dramática para los colectivos más vulnerables, como el de las personas mayores, y ha irrumpido con fuerza en muchos centros geriátricos. Durante estos meses, el sector de atención residencial y las entidades que los gestionan han estado, y siguen estando, sometidos a mucha tensión.

Desde la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales de Bizkaia (GESCA), que representa al 34,6% de las plazas residencial de este territorio, se ha elaborado el documento «El impacto de la Pandemia en el sector residencial. Aprendiendo de lo vivido para construir un futuro mejor para las personas dependientes», en el que se señalan los siguientes retos que debe afrontar en sector ante esta crisis:

El primero, el más importante de carácter sanitario, es el de poder contener la entrada y propagación de la pandemia en nuestros centros. Aunque la situación actual es mejor que la sufrida en la primavera, con las visitas restringidas, con un mejor conocimiento de la enfermedad y con un stock de materiales de protección con los que no se contaba entonces, el riesgo de contagio sigue siendo muy elevado y obliga a redoblar esfuerzos para evitar que el personal de atención y las familias sean un foco de infección.

La realización de test a plantilla y personas usuarias, la formación en la utilización de los materiales de protección y el trabajo de concienciación con familias y personas trabajadoras está ayudando a contener la pandemia en tanto en cuanto la vacuna va llegando a todas las personas usuarias y trabajadoras.

Un segundo problema tiene que ver con el desequilibrio económico que ha provocado la pandemia en centros gestionados por entidades privadas. Como ya se ha comentado anteriormente, se ha realizado un gran esfuerzo por reforzar las plantillas para poder atender a las nuevas necesidades surgidas en la atención del día a día, se han cubierto las muchas bajas que la pandemia ha provocado y se está incurriendo en unos gastos para la compra de unos volúmenes de materiales de protección muy elevados, a unos precios desorbitados.

Junto con este incremento de costes se ha producido un significativo descenso de la ocupación en las residencias de nuestro territorio. Cerca del 25% de las camas están vacías, lo que hace aún más difícil la sostenibilidad de los centros y los mantiene al borde de la quiebra ya que se está haciendo un gran esfuerzo por mantener unas plantillas como si la ocupación de los centros fuese plena. Hay que recordar y poner en valor el esfuerzo que realizan las entidades asociadas a GESCA por mantener la estabilidad del personal, que mayoritariamente tiene un contrato indefinido.

Un tercer problema que el sector viene arrastrando desde hace tiempo, y que se ha agravado con la crisis, tiene que ver con la falta de profesionales sanitarios en el mercado laboral, especialmente los de alta cualificación. Cada vez resulta más difícil encontrar personal de Enfermería y Medicina para trabajar en nuestro sector. Un problema este que lo es también, aunque en menor medida, para el sector sanitario que, con unas mejores condiciones laborales, en periodos vacacionales, se venía nutriendo ya del personal de los centros. El cierre de las fronteras ha agravado aún más este déficit.

Se hace necesario y cada vez más urgente un incremento de la oferta formativa universitaria que permita reemplazar los profesionales que se van a ir jubilando en los próximos años y atender las demandas de nuevos profesionales que nuestro sector va a tener que afrontar para poder cubrirlas necesidades de atención sociosanitaria. En el caso del personal de atención directa, habría que ir pensando en la creación de figuras profesionales intermedias entre estas, y los profesionales de Enfermería que pudieran desarrollar determinadas tareas.

Otro reto sectorial, de gran calado, tiene que ver con el daño reputacional que desde el inicio de la pandemia están realizando a todo el sector determinados grupos sociales con trasfondo político y sindical. Se nos ha acusado de incumplir reiteradamente la normativa, especialmente en lo concerniente a las ratios de atención; se ha hablado de precariedad y maltrato laboral; se ha dicho que la tasa de mortandad en los centros privados ha sido mucho más elevada que en los centros públicos; se ha dicho que los fondos “buitre” son quienes controlan nuestra actividad y se nos ha acusado de enriquecernos priorizando las cuentas de resultados frente a la salud de las personas que viven y trabajan en nuestros centros.

La actividad residencial en nuestra Comunidad Autónoma viene regulada por una normativa que fue aprobada el año pasado (decreto 126/19) y que como ya se ha comentado es la más novedosa, avanzada y exigente de todo el Estado. Corresponde a las administraciones vascas (Diputación, Fiscalía y Gobierno Vasco) el trabajo de control e inspección de su cumplimiento, un trabajo que se ha redoblado especialmente con la pandemia y que cuando ha constatado alguna irregularidad, algo que es excepcional, ha actuado en consecuencia.

Cuestionar este trabajo, es cuestionar a las instituciones y a un sistema que entre todos hemos construido, y que en estos cuarenta años nos han permitido contar con una red de servicios sociales mejorable, como todas, pero de una contrastada calidad.

En el aspecto laboral hay que recordar que el convenio laboral de Bizkaia contiene unas condiciones laborales sustancialmente mejores que el del resto del estado, y la estabilidad de la plantilla es habitual en nuestros centros.

El alto impacto de la pandemia en los centros residenciales de personas mayores ha sido generalizado en todas las sociedades avanzadas y, como han constatado estudios e informes, se ha debido a las características de las personas atendidas y al carácter comunitario y abierto a la sociedad de los mismos.

No hay ningún dato que indique que su impacto ha sido mayor en centros privados que en públicos, el virus no sabe si la persona que está atendiendo al dependiente es funcionaria o contratada por una empresa. Lo que sí se sabe, a la vista de los datos de Osakidetza, es que la tasa de supervivencia de las personas mayores infectadas que viven en residencias ha sido muy superior a la de las personas mayores que vivían en su hogar, un logro que no hubiera sido posible sin la implicación de profesionales y entidades.

El sector residencial ha ido profesionalizándose y evolucionando para poder atender las crecientes demandas de una sociedad envejecida gracias a la creación de grupos gestores especializados respaldados por la apuesta de muchas pequeñas y medianas empresas, la entrada de operadores europeos y la apuesta de un gran número de fondos de inversión.

Es importante aclarar que los fondos de inversión son instrumentos que permiten canalizar el ahorro de particulares y entidades, y financiar con ellos proyectos muy diversos que van desde la investigación de medicamentos y vacunas, las energías renovables, nanotecnologías, a la construcción de residencias. Al igual que ocurre en otros sectores como el hotelero o el de la gran distribución, en los últimos años diversos fondos de inversión han ido adquiriendo y promoviendo centros residenciales que alquilan a gestores profesionales a cambio de una rentabilidad proporcionada y razonable. Utilizar el despectivo calificativo de “buitres” a estos inversores solo se justifica por el desconocimiento de la realidad y/o la intención de criminalizar a la iniciativa privada, en un discurso demagógico, con una importante carga ideológica.

Por último, desde que surgió la pandemia se habla de la obsolescencia del actual modelo de atención residencial. Se está hablando de que con centros más pequeños, unidades convivenciales y con un modelo de atención centrada en la persona se hubiera evitado la expansión de la pandemia. Los datos de los efectos de la pandemia en los países nórdicos, origen de este modelo, son similares a los nuestros y desmontan esta afirmación.

Al igual que ocurre con la tendencia de eliminar sujeciones en las residencias, nuestra Comunidad ha sido pionera en el Estado en regular y legislarla atención centrada en la persona que, como ya se ha comentado, es uno de los ejes del modelo de atención que está regulado, controlado y supervisado. Gipuzkoa ha sido el primer territorio en todo el Estado en el que se ha experimentado el modelo nórdico basado en la organización del centro en pequeñas unidades convivenciales de 8-10 personas. Pues bien, la propia Diputación Foral de Gipuzkoa, en un informe realizado recientemente sobre la experiencia del Territorio Histórico de las Políticas Sociales en tiempos de COVID-19, habla de las lecciones aprendidas con la pandemia y recogen 14 recomendaciones, siendo una de ellas la Modelización de las residencias de futuro donde reconoce que no se disponen de modelos alternativos validados en el modelo actual.

Es necesario avanzar en la atención a las personas dependientes, y explorar modelos alternativos que hayan demostrado su eficacia y eficiencia, pero hay que hacerlo desde la realidad de nuestro territorio. Tenemos que hacerlo conjuntamente, la iniciativa privada y la administración pública, como siempre lo hemos hecho las entidades asociadas a GESCA, con un modelo de gestión basado en la calidad asistencial, el compromiso ético y la excelencia empresarial, en el que la persona residente y su familia están en el centro de toda su actividad.