La consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha publicado el borrador del anteproyecto de la futura ley reguladora del modelo de atención residencial para cuidados de larga duración, que tiene como objetivo principal garantizar los derechos de las personas que viven en centros de carácter social públicos y privados, preservando su dignidad y su calidad de vida.

El texto en el que viene trabajando el Gobierno autonómico desde hace diez meses, enriquecido con las aportaciones de los principales agentes implicados en la política social, está abierto ahora a las sugerencias de la sociedad civil y se sustenta en tres principios fundamentales:

• El primero es asegurar la protección de los más vulnerables, abordando su atención desde un enfoque ético. Ello implica supeditar los cuidados asistenciales a la autodeterminación de las personas que los reciben, a sus expectativas y deseos, al fomento de los afectos y de las relaciones comunitarias, al bienestar emocional, a la inclusión social y al desarrollo personal. Se trata, en definitiva, de reconocer la dignidad de los mayores y respetar su proyecto de vida.

• El segundo rasgo diferencial de esta norma es su apuesta por la modernidad y la innovación, al introducir mecanismos para promover y evaluar la calidad de los servicios residenciales a partir de estándares europeos. Esta medida constituye una oportunidad para favorecer alianzas, compartir conocimiento, pilotar experiencias y gestionar proyectos de forma conjunta entre los agentes del sistema, aprovechando la financiación europea.

• En tercer lugar, Castilla y León se anticipa a las necesidades futuras con esta ley, que es pionera tanto por la regulación que efectúa sobre los cuidados a los mayores, como por los significativos cambios que introduce en su organización y funcionamiento.

Por un lado, esta norma supone una decidida apuesta por el modelo de atención centrada en la persona y abandonar definitivamente la concepción de los centros residenciales como espacios de asistencia sanitaria. Por otro, prepara estructuralmente los centros para hacer frente y minimizar los efectos de posibles pandemias. De hecho, la Comunidad se convertirá con esta norma en la primera autonomía en revisar el modelo de atención residencial tras la crisis de la Covid-19.

Una normativa basada en el diálogo y la experiencia previa

El proceso de confección de esta normativa se ha basado en el diálogo y en la experiencia previa. El texto ha sido ampliamente debatido en el seno del grupo de trabajo constituido en el segundo semestre del año pasado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades e integrado por representantes del sector, los profesionales, las entidades locales, los usuarios, las organizaciones sindicales y patronales, los grupos parlamentarios y expertos en las diferentes materias abordadas.

Todos los interlocutores participantes han llegado a consensos básicos en torno a la importancia de la atención integral como eje del modelo; el diseño arquitectónico de los centros, que deben idearse como el hogar de los residentes y no como dependencias sanitarias; la oportunidad de contar con una plantilla suficiente y formada para mejorar la calidad de vida de los mayores, o la necesidad de que el sistema sanitario público garantice el acceso de los residentes a sus servicios en equidad con el resto de la población.

Otra de las características reseñables en el proceso de elaboración de la ley ha sido el aprovechamiento de la experiencia previa, propia y ajena. La Junta se ha basado en los positivos resultados del programa ‘En mi casa’, del que se benefician ya cerca de 2.000 personas, que ha evidenciado mejoras en la calidad de vida de los residentes –especialmente entre dependientes que presentaban deterioro cognitivo– y satisfacción entre familiares y profesionales.

También ha aplicado el conocimiento adquirido tras más de 40 años en la organización de los servicios residenciales en el ámbito de la discapacidad –que aconseja englobar bajo el mismo contexto la atención a los mayores y a las personas con discapacidad– y el bagaje de los países nórdicos en la implementación de este modelo. ¡Así, el borrador del anteproyecto legislativo se sustenta en cuatro pilares:

PRIMER PILAR: RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

• El derecho a gestionar su propia vida
  El borrador del anteproyecto legislativo se sustenta en cuatro pilares. El primero de ellos es el reconocimiento de la dignidad de la persona, que supone entender la atención residencial desde un punto de vista ético. Esto implica acatar el derecho de las personas a gestionar su propia vida y, por lo tanto, respetar y apoyar sus decisiones sobre qué tipo de cuidados y cómo quieren recibirlos.

SEGUNDO PILAR: ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS

• Unidades de convivencia
  El borrador normativo presentado define el centro residencial como la vivienda habitual de sus usuarios, continuidad de su hogar y de su vida cotidiana, alejando la concepción de centro sanitario. De ahí que estos espacios deban configurarse como entornos íntimos y acogedores, que eviten la masificación y faciliten la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona.
  
  Conforme a este esquema, los centros deberán distribuir sus estancias en tres áreas. La primera, de unidades de convivencia, contará con habitaciones –siempre individuales, salvo que por expreso deseo del usuario se les asigne uso doble– y zonas comunes –para cocina, comedor y sala de estar–. Estos ‘minihogares’ no podrán superar una ocupación máxima de 12 plazas. Cabe recordar que en Castilla y León ya están implantadas 200 unidades de convivencia, de las que una cuarta parte están en centros propios de la Gerencia de Servicios Sociales. La segunda área serán los espacios comunes, reservados para equipamientos generales, y ahí se ubicarán la sala de actividades y las dependencias de dirección y administración. La tercera se habilitará para servicios generales, como la recepción y el control, o los de carácter hotelero, comunes a todo el centro.

TERCER PILAR: CALIDAD E INNOVACIÓN

• Evaluación de calidad y categorización de centros
  La norma constituye una firme apuesta por la innovación de los servicios residenciales, al incorporar un mecanismo para promover y verificar su calidad. La Junta se ha inspirado en los sistemas de Servicios Sociales más avanzados de los países europeos, que disponen de organismos encargados de la autorización, el registro, la acreditación, la inspección, la estandarización y / o la evaluación de los servicios de atención a la dependencia.
  
  Sobre esos prototipos, la Gerencia de Servicios Sociales, a través de los instrumentos jurídicos oportunos, velará tanto por la medición de la calidad de los servicios residenciales de forma periódica, como por el refuerzo de las tecnologías y el desarrollo de innovaciones que contribuyan a su mejora.

CUARTO PILAR: LOS PROFESIONALES

El borrador de anteproyecto estipula que la dotación de personal específica de cada centro deberá ser proporcional a las necesidades que presente, teniendo en cuenta sus dimensiones y estructura, los servicios prestados, el número de usuarios y las cargas de trabajo derivadas de los planes de apoyo a sus proyectos de vida. En todo caso, se ajustará a las ratios que se fijen en los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia.