Cobrar impagos, actualizar los precios de las plazas concertadas y colaborar ante el nuevo modelo asistencial son tres de las peticiones que la mesa sociosanitaria de FADE ha hecho llegar la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.

La mesa sociosanitaria de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), integrada por las asociaciones de residencias Ascege, AARTE y Argas, y Lares como invitada, ha hecho llegar estas peticiones al Gobierno del Principado en la segunda reunión mantenida con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, en la que también estuvieron presentes Ana Suárez, directora-gerente del ERA y Paula Álvarez, directora general de Gestión de Derechos Sociales.

La mesa ha calificado la propuesta planteada por el Principado de 100 nuevas plazas a 1.632 euros como “imposible de afrontar”, ya que, tal y como afirma Arsenio Alonso-Collada, presidente de la Asociación de Centros Geriátricos del Principado de Asturias (Ascege), las cantidades que aporta la administración para las plazas concertadas “no garantizan ni la dignidad, ni los salarios a largo plazo, ya que impide durante ocho años la subida de un solo euro, impidiendo afrontar nuevos convenios, sistemas de acreditación o subidas de IPC durante este espacio de tiempo, lo que llevará a una insuficiencia de la atención en un corto espacio de tiempo”.

El presidente de Ascege advierte también que es necesaria una “actualización de precios de las plazas concertadas, fijados en 43 euros por día desde 2019, y elevarlos de manera inmediata al precio público actual de 1.470 euros, y modificar a medio plazo al alza ese precio público en consonancia con el servicio que ya se da y se pretende dar”.

La mesa sociosanitaria de FADE afirma que la administración “lo entiende pero no actualiza los conciertos antiguos», aunque confían en que el Principado “actúe”, por lo que han planteado “mantener y no renunciar a una renovación inminente de 600 plazas durante ocho meses en lugar de dos años para valorar entonces los pasos concretos que vaya dando la administración”.

Por otra parte, la mesa valora “muy positivamente” la subida de las PEVS (Prestaciones Vinculadas al servicio) en las plazas privadas acreditadas, lo que “permitirá una rebaja en el esfuerzo económico de las personas dependientes atendidas en los centros”.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, espera por su parte “normalizar en un corto espacio de tiempo los pagos pendientes de las plaza concertadas” y aboga por la “necesidad de un trabajo conjunto con las empresas”, asegurando que “son varias las líneas de trabajo conjunto y esperemos que en un corto espacio de tiempo podamos tener un panorama a futuro que normalice la situación entre la Administración y las empresas”.