Este año se incrementará un 3% el precio de las tarifas públicas de diferentes servicios en Catalunya destinados a las personas, entre ellos el de residencia asistida y el de centro de día para personas mayores en situación de dependencia, tal y como recoge el acuerdo suscrito por las organizaciones empresariales del sector con el Departamento de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Este acuerdo permitirá incrementar los precios de las plazas con financiación pública de residencia asistida y centro de día en un 3% para este año, y con efectos retroactivos a 1 de enero de 2022. Así, el precio mensual de residencia asistida pasará de los 1.944 ,23 euros a los 2.002,56 euros, mientras que el importe mensual de centro de día (días laborables) se incrementará de los 697,62 euros a los 718,55 euros. En el caso de las residencias, el precio sería de 66,7euros diarios a cambio de la atención asistencial, sanitaria y la derivada del alojamiento y la manutención de las personas usuarias.

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Acuerdo entre Drets Socials y las entidades del sector para incrementar los precios públicos en residencia y centro de día un 3% este año

Cinta Pascual, presidenta de ACRA, patronal mayoritaria del sector de atención a las personas mayores, afirma que «valoramos positivamente el acuerdo alcanzado hoy, pero debemos decir que no compensa los efectos del encarecimiento de los precios provocados por la inflación», y pide a la Generalitat de Catalunya una nueva actualización del 3% por el año 2023, tal y como se prevé en el Convenio GERCAT.

Para Roser Fernández, directora general de La Unió, este acuerdo “expresa el compromiso de las partes de priorizar en la financiación al sector la mejora de las retribuciones y condiciones laborales de los profesionales del sector , dignificando así la profesión y contribuyendo a la mejora de la calidad de la atención a las personas”.

Además, “es el primer gran acuerdo que visibiliza la unidad de las patronales en todos los ámbitos de los servicios sociales de atención a la dependencia, personas mayores, discapacidad, salud mental y adiciones…, un primer paso para construir en Cataluña una verdadera red de servicios sociales de atención pública, coordinada y con voluntad de actualizar y ampliar los servicios de cobertura pública para atender a las crecientes necesidades de la población en este ámbito”. señala.

La directora general de La Unió recalca también que se trata de “un primer paso para afrontar juntos, y desde la escucha activa de todas las partes, los retos que hemos compartido: mejora de la financiación, capacidad de retener y captar profesionales, actualización de la cartera de servicios de servicios sociales y, la interacción social y sanitaria con la creación de la nueva Agencia”.

Por el momento, y gracias al incremento efectivo acordado para este año, se podrán mejorar los salarios de los trabajadores y cumplir, por tanto, con lo pactado en el marco del Convenio GERCAT, que ya preveía esta mejora siempre y cuando la administración incrementara las tarifas públicas. No obstante, la sostenibilidad de las entidades y las empresas es preocupante.

En este sentido, la presidenta de ACRA, advierte que “las más de 1.000 residencias y los más de 900 centros de día de Catalunya, al igual que todo el país, están pasando por una situación muy difícil a causa de la situación económica derivada de la inflación. Somos servicios esenciales atendiendo a personas muy vulnerables”, añade Cinta Pascual.

En este sentido ACAD, la Asociación de Centros de Atención a la Dependencia, considera insuficiente este incremento del precio por plaza “ya que no permite cubrir la subida de costes que estamos haciendo frente a nuestro ámbito de actividad. Así le hemos manifestado en la Consejera, y de ninguna de las maneras queremos que este incremento insuficiente de tarifas afecte al servicio que ofrecen nuestros centros”.

Tanto desde ACRA, La Unió, ACAD y el resto de patronales firmantes del acuerdo, se expresa una «gran preocupación» por las consecuencias que el largo período de congelación de precios ha provocado en la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y, asimismo, han manifestado su alarma ante el extraordinario incremento de los costes de suministros, de manera especial en el ámbito energético y de la alimentación.