Si no mejora sustancialmente la financiación proveniente de las administraciones puede no haber profesionales suficientes para atender a las personas mayores en un escenario a corto plazo, tal y como advierte el “Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España”.
Este estudio, elaborado por Unión de Entidades, en colaboración con la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, realiza un análisis comparativo de la situación del sector de atención a la dependencia en las comunidades autónomas, con especial énfasis en el envejecimiento de la población, la oferta y la demanda de servicios en el sector, la situación de los profesionales y una comparativa internacional que ha determinado la inversión en cuidados a largo plazo de dependencia de los principales países de nuestro entorno.
A este respecto, España aporta el 0,96% del PIB, lejos del 1,5% de media entre los países de la OCDE, y en una clasificación liderada por los Países Bajos (3,1%), Noruega (2,9%) y Suecia (2,83%). Como señala Cinta Pascual, Presidenta de ACRA, “debemos llegar al 2% como mínimo para ampliar la cobertura de las necesidades de las personas con dependencia y acabar con la lista de espera”. El déficit de financiación provoca que España se sitúe entre los países con menor cobertura en residencias y domicilio, muy por debajo del promedio internacional.
Además, la escasez de profesionales y la falta de financiación se producen en un contexto de sobre envejecimiento acelerado que tensionará el sector social y sanitario con la llegada de la generación del baby boom, tal y como advierte el Presidente de Unión de Entidades, Ramon Ramells.
“El crecimiento anual de personas mayores se duplicará en los próximos años. En Cataluña, las personas de 80 años o más pasarán de las 465.000 actuales a superar el millón, y muchas de estas necesitarán recursos asistenciales como residencias, centros de día, ayuda domiciliaria, teleasistencia y pisos con apoyo”, incide el Presidente de Unión de Entidades.
En este sentido, como remarca advierte la Presidenta de ACRA,«en los próximos diez años necesitaremos 100.000 nuevos profesionales en las residencias, 20.000 de los cuales en Cataluña, o no podremos atender a las personas mayores. Sería el gran fracaso del estado del bienestar”.
En el 2023 hubo un total de 2.061.372 de solicitudes al SAAD, de las que 1.567.107 tuvieron derecho a prestación y 1.411.866 fueron beneficiarios de PIA. Sin embargo, el tiempo medio desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de la prestación es de 324 días (2023) y la lista de espera para ser beneficiario de PIA es de 155.241 personas dependientes, en su mayoría personas mayores, que requieren asistencia diaria para vivir, pero que el Estado no les está proporcionando.
Del total de prestaciones del SAAD, el 59% fueron de servicio y el 41% restantes económicas. Dentro de las prestaciones económicas, el 11% fueron P.E. vinculadas al servicio. Estas, junto al 59% de prestaciones de servicio (no económicas) hacen un total de 70% de prestaciones dirigidas a servicio.
La oferta residencial se compone de 393.581 plazas residenciales y 105.447 plazas diurnas, con un 73% de plazas residenciales de titularidad privada, un tamaño medio de 68 plazas por centro y una ratio de cobertura inferior al promedio internacional. El índice de cobertura tuvo un gran crecimiento entre 2000 y 2009, pero la crisis económica supuso un cambio hacia una tendencia bajista que duró hasta el 2017 dónde se estabilizó hasta 2021 y se ha visto disminuida de nuevo en 2022.
Además, este estudio remarca que el análisis de la oferta de atención residencia y a domicilio por comunidad autónoma revela modelos de atención a la dependencia diferenciados.