Desde la Federación Empresarial a la Dependencia (FED) se celebra que el Congreso haya rechazado la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que a su juicio habría puesto en grave riesgo la continuidad y calidad de los servicios a personas dependientes, en un sector ya marcado por la angustiosa escasez de profesionales cualificados.

De haberse puesto en práctica, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales habría puesto en grave riesgo la sostenibilidad del sistema de cuidados a personas en situación de dependencia, señala la Federación Empresarial a la Dependencia (FED), ya que se trata de un sector que ya enfrenta una escasez crítica de profesionales cualificados, con dificultades crecientes para contratar y retener talento.

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Para la FED, la reducción de la jornada laboral habría puesto en grave riesgo la continuidad y calidad de los servicios a personas dependientes

La reducción de jornada sin planificación ni recursos adicionales habría exigido un aumento inmediato de plantilla, algo prácticamente imposible en las actuales circunstancias, recalca la FED, que habría supuesto:

  • agravar la crisis de personal
  • incrementar los costes operativos
  • puesto en riesgo la continuidad y calidad de los servicios prestados

«La atención a las personas dependientes es intensiva en personal y requiere continuidad y especialización; cualquier disminución de horas disponibles sin medidas compensatorias habría generado un escenario insostenible, con riesgos claros de fragmentación del servicio y de pérdida de confianza entre cuidadores y usuarios», advierte la FED.

Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) necesitará 751.300 profesionales en 2030, incluyendo 261.400 nuevas incorporaciones.

Con una jornada reducida sin recursos adicionales, el sector habría afrontado una presión inasumible, con riesgos para la continuidad y calidad de los servicios, y con un impacto económico directo sobre las entidades proveedoras y las familias usuarias, señalan desde esta patronal.

El aumento de plantilla necesario para garantizar la atención habría supuesto costes adicionales que muchas entidades no podrían asumir, afectando directamente a la viabilidad económica de los servicios.

Además, para la FED esta medida tampoco garantiza mejoras reales para las personas trabajadoras. La redistribución de tareas entre más profesionales podría derivar en contratos parciales, precariedad y mayores dificultades de gestión en un sector altamente especializado y exigente.

Imponer condiciones por vía legislativa, sin negociación colectiva ni consenso social, genera tensiones y amenaza la estabilidad de todo el sistema de cuidados, que requiere coordinación, planificación y flexibilidad para adaptarse a sus particulares necesidades organizativas, indican desde esta Federación

Por todo ello, Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED, declara que «insistir en una medida así, en un sector ya afectado por la angustiosa falta de profesionales, sería una temeridad que pondría en riesgo a las personas dependientes y a los profesionales que las cuidan. Nuestro sector necesita soluciones responsables, consensuadas y sostenibles, no experimentos que agraven la crisis de personal y la viabilidad económica de los servicios».