Los últimos cambios normativos que afectan a la Prestación Económica Vinculada (PEV) en los Servicios de Atención Domiciliaria (SAD), han provocado un desequilibrio entre las horas asignadas y la financiación recibida, perjudicando a los usuarios y provocando una desprofesionalización de la atención, tal y como denuncia ACRA.

Ante la precarización de la Prestación Económica Vinculada (PEV) en los servicios de atención domiciliaria la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha impulsado una campaña para denunciar esta grave situación y reclamar un incremento urgente de los importes de las PEV establecidos en la normativa estatal, así como la eliminación de los tramos que fija la normativa catalana.

La PEV es una prestación personal y mensual destinada a personas con un grado de dependencia reconocido que no pueden acceder a servicios públicos o plazas concertadas. Esta ayuda permite financiar servicios como la atención domiciliaria o una plaza privada en una residencia o centro de día.

Como denuncia ACRA; aunque los últimos cambios normativos han incrementado el número de horas de atención domiciliaria asignadas, el importe de la prestación no se ha actualizado proporcionalmente. Esto provoca que, en el caso del tramo inferior del Grado I, el apoyo público haya pasado de 18 euros por hora a menos de 7 euros por hora, mientras que el coste medio del servicio se mantiene en 22 euros por hora. En consecuencia, las personas usuarias deben financiar hasta 15 euros por hora, en lugar de los 4 euros que asumían anteriormente.

Como señala la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, “este desequilibrio tiene consecuencias graves para el sector y para las personas dependientes. Muchos usuarios optan por no contratar servicios profesionales y recurren a cuidadores no cualificados, lo que conlleva una desprofesionalización de la atención”.

Además, nueve de cada diez empresas que ofrecen servicios de atención domiciliaria han detectado una disminución en la demanda de PEV desde el cambio normativo. “Esta situación también favorece la economía sumergida, con un aumento de servicios prestados fuera del marco legal, y dificulta que las personas puedan seguir viviendo en su domicilio, contraviniendo tanto la voluntad mayoritaria de la ciudadanía como las políticas públicas que promueven el envejecimiento activo y en casa”, concluye la presidenta.

Ante esta situación, desde ACRA se reclama a las administraciones un incremento urgente de los importes de las PEV establecidos en la normativa estatal y la eliminación de los tramos que fija la normativa catalana, que generan desigualdades y dificultan el acceso equitativo a los servicios.

La patronal catalana hace un llamamiento para que se prioricen políticas que garanticen una atención domiciliaria digna, profesionalizada y accesible para todas las personas con dependencia.