Desde la Asociación Gallega del Sector de la Dependencia (AGASEDE) se ha hecho publica su «profunda preocupación y decepción» tras la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar el Plan de Choque para agilizar la atención a personas en situación de dependencia y discapacidad promovido por la Xunta de Galicia.

Esta decisión del Tribunal Constitucional se debe a la admisión a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central contra parte de la normativa que lo sustentaba. A juicio de AGASEDE, este Plan de Choque había logrado avanzar de forma significativa en la agilización de las listas de espera, reduciendo tiempos de tramitación y permitiendo que miles de gallegos y gallegas viesen reconocidos de manera automática su grado de discapacidad al mismo tiempo que su situación de dependencia, simplificando de forma real un procedimiento que tradicionalmente estaba marcado por trámites burocráticos muy lentos.

AGASEDE lamenta que, «como consecuencia de esta paralización, las personas que necesitan apoyo y sus familias se enfrenten nuevamente a procesos administrativos separados, más lentos y complejos, con el riesgo de demoras, doble valoraciones y agravamiento de la situación vital de quienes esperan una resolución y los servicios que les corresponden».

“La atención a la dependencia no puede verse supeditada a disputas políticas o jurídicas que retroceden en los derechos de las personas más vulnerables. Miles de gallegos se beneficiaron de esta simplificación y ahora vemos con inmensa tristeza que se frenan avances que ya estaban dando resultados palpables”, critica la junta directiva de AGASEDE.

Además, la Asociación Gallega del Sector de la Dependencia advierte de la urgente necesidad de coordinación y responsabilidad entre las administraciones autonómica y estatal para encontrar soluciones que permitan recuperar los mecanismos que agilizan los trámites y facilitan el acceso a las ayudas y beneficios que tanto necesitan las personas dependientes y sus familias.

Para lograrlo, AGASEDE hace un llamamiento al diálogo y al acuerdo institucional que ponga en el centro los derechos de las personas en situación de dependencia, priorizando políticas públicas que reduzcan la burocracia, eviten demoras y ofrezcan apoyos efectivos, sostenibles y dignos para quienes afrontan la dependencia en Galicia.