El Govern catalán ha aprobado una prórroga de un año para que las residencias y los servicios del ámbito social adecúen sus instalaciones y garanticen así la calidad que se exige formar parte de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.

El Gobierno ha aprobado alargar un año el proceso de acreditación que deben pasar las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública. De este modo tendrán hasta octubre de 2026 para demostrar que cumplen con los estándares de calidad necesarios para tener plazas públicas financiadas por la Generalitat.

Con esta medida, desde el Ejecutivo catalán se reconoce la complejidad del proceso y da más tiempo a las entidades para adaptarse a lo que fija el decreto 69/2020 de acreditación, concierto social y gestión delegada en la Red de Servicios Sociales de Atención Pública. Los servicios afectados son los centros residenciales, de atención diurna y de apoyo para personas mayores, con dependencia, con discapacidad, con enfermedad mental, con drogodependencias o con VIH/sida que disponen o quieren disponer de plazas concertadas por la administración pública.

Además, para facilitar la adaptación de los equipamientos, los departamentos de Derechos Sociales e Inclusión y Economía y Finanzas han puesto a disposición de las entidades una línea de préstamos bonificados de 50 millones de euros.

Asimismo, el Govern también se compromete a que ninguna persona usuaria de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública quedará desatendida como consecuencia del proceso de acreditación. Estas personas continuarán recibiendo el servicio en la misma plaza o se buscará otra de forma consensuada para generar las mínimas molestias posibles.