La reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad aprobada recientemente, es “una declaración de intenciones bienintencionada pero completamente alejada de la realidad del sector”, tal y como afirma el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid.

Aunque desde la FED se reconoce el valor simbólico de cualquier medida que busque favorecer el envejecimiento en el domicilio y ampliar los derechos de las personas en situación de dependencia y discapacidad. Fernández-Cid advierte que “estamos ante una carta a los Reyes Magos. Es un planteamiento ideal, pero no es realista. No se acompaña de los recursos económicos ni humanos necesarios para convertir estas intenciones en políticas efectivas”.

Según un estudio elaborado por el Imserso, se estima que en los próximos diez años será necesario incorporar entre 240.000 y 270.000 nuevos profesionales para atender la creciente demanda en el ámbito asistencial. Sin embargo, no existe una planificación clara para la formación y la incorporación de este personal, ni se han definido cupos para la incorporación de profesionales formados en el extranjero. Sobre estas cuestiones, hasta la fecha no se ha comunicado ninguna medida concreta, recalca el presidente de la FED.

Esta patronal lamenta también que este tipo de reformas legislativas generan expectativas en la ciudadanía que difícilmente podrán cumplirse. “Es muy positivo hablar de nuevos servicios para facilitar que las personas permanezcan en su hogar, pero si no se garantiza su financiación, estamos creando falsas esperanzas”, afirma Fernández-Cid.

Además, desde la FED se recuerda que la financiación del sistema sigue recayendo de forma mayoritaria en las comunidades autónomas. “Lejos de incrementarse, la aportación del Estado se ha reducido, pasando del 29% al 27% en 2024, lo que compromete seriamente la sostenibilidad del sistema”, advierte el el presidente de la FED.

Por todo ello, desde esta patronal se insta al Gobierno a acompañar cualquier reforma normativa con una dotación presupuestaria suficiente y un plan realista para la incorporación de profesionales al sector, ya que “sin recursos económicos ni planificación laboral, esta reforma es un mero brindis al sol, una promesa vacía que pone en riesgo la estabilidad del sistema y la confianza de las familias”, subraya Fernández-Cid.

Por último, añade que, “se trata de una ley que engloba tres colectivos muy distintos: personas con discapacidad, personas en situación de dependencia y menores. Consideramos que no resulta coherente ni adecuado abordar, dentro de una misma reforma legislativa, realidades tan diversas, con características, necesidades y problemáticas específicas que requieren un tratamiento normativo diferenciado y adaptado a cada colectivo”.

En este contexto, desde la FED se reitera su total disposición a colaborar con las administraciones públicas en el desarrollo de soluciones reales, sostenibles y eficaces para un modelo de atención digno y de calidad.