El sistema de atención a la dependencia funciona al límite por la falta de profesionales y afronta un riesgo real de colapso si no se actúa con urgencia, tal y como alerta la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). Y es que el sector arrastra un déficit de 160.000 profesionales.

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) advierte que el déficit estructural de al menos 160.000 profesionales en el sector de atención a la dependencia en España es una carencia que sitúa al sistema al límite de su capacidad operativa y que, de no corregirse de forma urgente, hará imposible garantizar la atención a las personas dependientes en los próximos años.

Tal y como apunta la FED, la gravedad del problema no responde a una advertencia aislada del sector, sino que está respaldada por los datos oficiales. Las cifras del propio Gobierno confirman la magnitud del déficit de personal que amenaza la viabilidad del sistema. Según el informe Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, España necesitará entre 261.000 y 639.000 profesionales adicionales antes de 2030, en función del nivel de cobertura y del modelo de cuidados que se implante.

Ante esta situación, Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED, señala que “no estamos ante una dificultad coyuntural, estamos ante un déficit estructural que pone al sistema de dependencia ante una emergencia nacional. Hoy faltan 160.000 profesionales y las proyecciones oficiales reconocen que harán falta cientos de miles más. El sistema está funcionando muy por encima de su capacidad real y eso tiene consecuencias directas sobre la atención y sobre los propios profesionales”.

La falta de profesionales compromete la continuidad asistencial

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) atiende actualmente a más de 1,6 millones de personas, y el número de solicitudes registradas acumuladas supera ya los 2,2 millones. A finales de 2024, el propio sistema contaba con cerca de 490.000 profesionales en activo, una cifra claramente insuficiente para sostener la demanda actual y futura.

Además, la presión real sobre el sector es aún mayor, advierte la FED. El conjunto de servicios de atención a la dependencia atiende cada día a más de 2,25 millones de personas, ya que una parte significativa de los cuidados se presta fuera del sistema SAAD, a través de servicios privados contratados y financiados íntegramente por las propias familias ante la insuficiencia de cobertura pública.

Los perfiles más afectados son gerocultores, auxiliares, personal de ayuda a domicilio y enfermería, con especial gravedad en la atención domiciliaria, donde el crecimiento de la demanda es exponencial y las dificultades para cubrir puestos son ya estructurales.

En la actualidad, existen servicios —especialmente de ayuda a domicilio— que directamente no se están prestando por falta de profesionales disponibles, una situación que compromete la continuidad asistencial.

“Hay centros que no pueden cubrir turnos, servicios que reducen actividad y atenciones que no llegan a prestarse. Esto no es eficiencia, es una señal clara de agotamiento del sistema”, denuncia Fernández-Cid.

España necesitará 261.400 profesionales adicionales antes de 2030, un 53 % más que en la actualidad, tomando como referencia el escenario más conservador planteado por el Gobierno. Para lograr la cobertura universal y reforzar los servicios comunitarios, la cifra asciende hasta 639.000 nuevos profesionales, lo que supone un incremento del 131 % respecto a la plantilla actual.

“Las cifras oficiales confirman lo que llevamos años denunciando: el sistema ya está infradimensionado y no está preparado para el impacto demográfico que se avecina. Sin profesionales suficientes, cualquier reforma del modelo de cuidados será inviable”, subraya el presidente de FED.

En este contexto, desde FED se reclaman medidas excepcionales e inmediatas, entre ellas:

• Planificación estatal obligatoria de profesionales con horizonte 2030–2040.
• Plan de choque en formación, homologación de títulos y contratación en origen.
• Actualización automática de los precios de concierto vinculada a IPC, SMI y
  convenios colectivos.
• Mejora real de las condiciones laborales y del reconocimiento social del cuidado.
• Avanzar de forma efectiva en la coordinación sociosanitaria.

“No actuar ahora tendrá un coste social inasumible. O reforzamos el sistema con
financiación y profesionales, o asumiremos un fracaso colectivo en la atención a las
personas más vulnerables”, concluye Ignacio Fernández-Cid.