/p>Antes las dificultades que están atravesando muchos centros geriátricos catalanes para hacer frente a gastos corrientes, la patronal de pequeñas y medianas residencias (UPIMIR) y el sindicato CCOO exigen al departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya que salde lo antes posible la deuda que mantiene con las residencias por la ley de dependencia, y que asciende ya a 90 millones de euros.
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UPIMIR y CCOO denuncian que la actual situación puede llevar al cierre de algunas residencias

Y es que el retraso en los pagos de las plazas concertadas durante el pasado año y la polémica supresión de la prestación económica vinculada (PEV), una ayuda a los dependientes a pagar una cama en un geriátrico privado mientras consiguen una plaza pública, está llevando a una situación “insostenible” a muchas residencias.
El presidente de UPIMIR, Vicente Botella, asegura que “si la Generalitat no nos paga, las pequeñas y medianas residencias no podremos para hacer frente a nuestros gastos. Ya debemos dinero a los trabajadores y hemos dejado de pagar a algunos proveedores”.
UPIMIR y CCOO denuncian que la actual situación impide de forma indefinida la única vía abierta para poder ingresar en una residencia con cofinanciación pública, cuando para ingresar a centros públicos y concertados es casi imposible porque hay una lista de espera que supera los dos años.
Esta situación afecta a la mayoría de las familias que no pueden pagar el elevado costo de una residencia (alrededor de 1.800 euros al mes) y también afecta a las pequeñas y medianas residencias que no pueden asumir una cantidad tan elevada de deudas.
De hecho, los recortes sociales y los impagos por dependencia han obligado a cerrar 1.192 camas en diciembre de 2013. Y si la situación no se resuelve de manera inmediata puede agravarse aún más y algunas residencias se verían condenadas al cierre , dejando muchas personas con dependencia sin atención y muchos trabajadores sin empleo .
Ante esta situación CCOO y la patronal de pequeñas y medianas residencias exigen:
1 – Suprimir, de manera inmediata, la suspensión indefinida en la prestación económica vinculada a la residencia.
2 – Presentar de forma inmediata un calendario de pago de las deudas a las residencias colaboradoras de las prestaciones económicas vinculadas.
3 – Convocar de inmediato a los agentes económicos y sociales para acordar un modelo catalán de dependencia, y para garantizar su financiación económica.
4 – Acordar con los agentes sociales una solución para los trabajadores mayores de 55 años y que demuestran una antigüedad superior a 3 años de experiencia, a través de una certificación profesional automática.