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ASCAD, la Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerentològica, ha solicitado formalmente a todos los grupos parlamentarios, mediante una iniciativa legislativa popular, la intervención ó replanteamiento de la reforma del Servei d’Inspecció al Parlament calatán.
Hace ya vario años que desde esta asociación se está manifestando su inquietud y preocupación ante el Servei d’Inspecció, un servicio “manifiestamente mejorable estando en las antípodas de lo que la geroasistencia actual y futura requiere”. Se trata de un “tema serio y trascendente para las dramáticas responsabilidades jurídicas de las direcciones y gerencias de los centros y porque, especialmente, una reforma necesaria debe contemplar ‘sí o sí’ una modificación legislativa para que sea estable”.
Desde ASCAD se pide a los grupos políticos huir de “declaraciones oportunista” y “permisivas laxitudes temporales” y abogar por normas “claras, justas, equitativas y que cumplan con los principios del derecho”, con la intención de que “los representantes parlamentarios conozcan, se interesen, valoren y den el soporte legislativo suficiente para tener seguridad jurídica global, tanto de inspectores e como de inspeccionados”.
Desde ASCAD se tiene el convencimiento de que la iniciativa legislativa popular, que afecta a más de 500.000 personas en Catalunya, “va a ser aprobada por unanimidad y que Catalunya tendrá la suficiente sensibilidad como para que no hayan enmiendas a la totalidad y demos un paso adelante para proteger a nuestros padres, hermanos ó familiares,… a sus congéneres detectados, declarados y evaluados como más débiles”.
Desde esta asociaón se espera que esta ILP sea una oportunidad de retomar pendientes como el acoso y derribo a la ley de dependencia, la modificación de ratios de profesionales de residencias, la supresión de las PEVS, la preceptiva acreditación de las/os gerocultoras/es para evitar el colapso asistencial en las empresas y como consecuencia, etc.
Todo ello está contribuyendo a que se genere lo que desde ASCAD definen como “síndrome de la cama caliente”? Y es que según esta asociación en el sector existe un 12% de camas libres, certificado y avalado por datos de entidades patronales que lo elevan incluso al 15%, mientras que a las personas con ese derecho de ayuda recogido, constatado y reconocido por la ley -las PEVS- se las manda a otro derecho “alternativo y saturado” por supresión presuntamente arbitraria del primero con una lista se espera de uno ó dos años para ocupar una cotizadísima cama pública ó concertada donde, posiblemente, cuando les avisen para ocuparla tengan muchas posibilidades de haber fallecido.
Desde ASCAD se denuncia también la deuda a los dependientes de la Generalitat, que hace ya dos años se estimaban un total de 30 millones de euros y ahora alcanza ya los 90 millones. “La respuesta no puede ser dejar pasar el tiempo, parchear y más de lo mismo. Hay que fijar muy bien lo que se puede pagar, las necesidades y los recursos disponibles, la proyección de unos y otros y su sostenibilidad en el tiempo ante la pirámide de población que se avecina” se afirma desde ASCAD.
Andrés Rueda, presidente de ASCAD, deja en el aire una última reflexión ¿de verdad es esto lo que toca con cientos/miles de dependientes sin cobrar, empresas al límite con la soga al cuello, emprendedores arruinados y otros al borde de la ruina tanto ellos como su generación venidera, trabajadores con medio pié en la calle y papeles arrugados en los bolsillos de personas frágiles con dudosas expectativas vitales esperando una “cama caliente”… mirando de reojo montones de camas vacías?
ASCAD, la Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerentològica, ha solicitado formalmente a todos los grupos parlamentarios, mediante una iniciativa legislativa popular, la intervención ó replanteamiento de la reforma del Servei d’Inspecció al Parlament calatán.Hace ya vario años que desde esta asociación se está manifestando su inquietud y preocupación ante el Servei d’Inspecció, un servicio “manifiestamente mejorable estando en las antípodas de lo que la geroasistencia actual y futura requiere”. Se trata de un “tema serio y trascendente para las dramáticas responsabilidades jurídicas de las direcciones y gerencias de los centros y porque, especialmente, una reforma necesaria debe contemplar ‘sí o sí’ una modificación legislativa para que sea estable”.
Desde ASCAD se pide a los grupos políticos huir de “declaraciones oportunista” y “permisivas laxitudes temporales” y abogar por normas “claras, justas, equitativas y que cumplan con los principios del derecho”, con la intención de que “los representantes parlamentarios conozcan, se interesen, valoren y den el soporte legislativo suficiente para tener seguridad jurídica global, tanto de inspectores e como de inspeccionados”.
Desde ASCAD se tiene el convencimiento de que la iniciativa legislativa popular, que afecta a más de 500.000 personas en Catalunya, “va a ser aprobada por unanimidad y que Catalunya tendrá la suficiente sensibilidad como para que no hayan enmiendas a la totalidad y demos un paso adelante para proteger a nuestros padres, hermanos ó familiares,… a sus congéneres detectados, declarados y evaluados como más débiles”.
Desde esta asociaón se espera que esta ILP sea una oportunidad de retomar pendientes como el acoso y derribo a la ley de dependencia, la modificación de ratios de profesionales de residencias, la supresión de las PEVS, la preceptiva acreditación de las/os gerocultoras/es para evitar el colapso asistencial en las empresas y como consecuencia, etc.
Todo ello está contribuyendo a que se genere lo que desde ASCAD definen como “síndrome de la cama caliente”? Y es que según esta asociación en el sector existe un 12% de camas libres, certificado y avalado por datos de entidades patronales que lo elevan incluso al 15%, mientras que a las personas con ese derecho de ayuda recogido, constatado y reconocido por la ley -las PEVS- se las manda a otro derecho “alternativo y saturado” por supresión presuntamente arbitraria del primero con una lista se espera de uno ó dos años para ocupar una cotizadísima cama pública ó concertada donde, posiblemente, cuando les avisen para ocuparla tengan muchas posibilidades de haber fallecido.
Desde ASCAD se denuncia también la deuda a los dependientes de la Generalitat, que hace ya dos años se estimaban un total de 30 millones de euros y ahora alcanza ya los 90 millones. “La respuesta no puede ser dejar pasar el tiempo, parchear y más de lo mismo. Hay que fijar muy bien lo que se puede pagar, las necesidades y los recursos disponibles, la proyección de unos y otros y su sostenibilidad en el tiempo ante la pirámide de población que se avecina” se afirma desde ASCAD.
Andrés Rueda, presidente de ASCAD, deja en el aire una última reflexión ¿de verdad es esto lo que toca con cientos/miles de dependientes sin cobrar, empresas al límite con la soga al cuello, emprendedores arruinados y otros al borde de la ruina tanto ellos como su generación venidera, trabajadores con medio pié en la calle y papeles arrugados en los bolsillos de personas frágiles con dudosas expectativas vitales esperando una “cama caliente”… mirando de reojo montones de camas vacías?
