/p>De «hachazo sin piedad a la dependencia en Catalunya» califica la ASCAD, Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependencia Gerontològica, los últimos datos aportados por el BSIF referidos al periodo enero-julio 2014.
Desde esta asociación se denuncia que en los últimos 15 meses Catalunya ha sacado fuera del sistema de la dependencia a 12.832 personas, o lo que es lo mismo, 28,14 personas cada día, es decir, más de un dependiente cada hora.
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Respecto de las Prestaciones Vinculadas a un Servicio (PEVS), ASCAD afirma que no solo no se ha cubierto la tasa de reposición sino que se han suprimido 2.728 plazas, lo que supone que se han  destruido casi 6 plazas al día.
Esta decisión cargada de polémica, e ilegal según ASCAD, es inexplicablemente tolerada por la Administración General del Estado (AGE) y ha significado un verdadero azote vital a los grandes dependientes por lo que conlleva de discriminación negativa y desigualdad de derechos ante la ley respecto al resto de ciudadanos. «Es el secuestro de un derecho así como añadir sufrimiento y falta de cuidados en el peor momento de la vida» afirman desde ASCAD.
Respecto a las ayudas al cuidador no profesional la disminución ha sido de 13.059 personas, 6 personas cada 5 horas.
Respecto a comentarios que esta asociación se consideran de interés a la gestión en Catalunya del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se destaca que:
1.- Catalunya no utiliza el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), utiliza un sistema diferente por propia decisión lo que la obliga a volcar mensualmente los datos en y para la contabilidad general.
2.- Desde ASCAD se ha verificado un caos administrativo relacionado con los expedientes de los dependientes en Catalunya de forma y manera que hay personas que están en listados de ICASS pero no están en la base de datos del IMSERSO y viceversa. Este desfase y caos administrativo es un condicionante mas, aunque no el único, de los errores y atrasos injustificados en los pagos que debería efectuar ICASS y que se remontan en muchos casos desde meses atrás hasta incluso años. Estos pagos son tanto a dependientes como a los centros que los atienden como consecuencia de los endoses que efectuaron a los mismos.
3.- Si una parte de los traspasos económicos mensuales desde la AGE a la Generalitat es finalista y en consecuencia «pegado» a un expediente y si las listas no cuadran entre ICASS e IMSERSO se desprenden automáticamente algunas preguntas:
– Fiabilidad: ¿cómo puede elaborarse una lista finalista con tantos errores nominales?
Equidad: recibido el traspaso, ¿qué criterios se aplican para asignar a las personas los traspasos que se reciben en base ese listado previo si este está plagado de errores?
Responsabilidad: ¿cómo y quién controla esto?
Transparencia: ¿por qué no se dan explicaciones públicas de esta situación y quienes son las personas responsables de este gran enredo?
4.- En estos últimos meses, Catalunya ha pasado de estar en una situación intermedia a liderar la destrucción de ayudas a la dependencia, especial y consecutivamente en los meses de junio y julio, por delante de Andalucía que ocupa el segundo lugar.
En periodo enero-julio 2014, a nivel estatal ha bajado el número de dependientes en un 3,98%, lo que supone 30.106 personas menos atendidas (de 754.589 a 724.483). Esta tendencia a la baja se arrastra desde 2012, y desde ASCAD se señala que es difícil de explicar y entender que si a él llega cada vez más gente mayor, cómo es posible que bajen los dependientes atendidos.
Por lo que respecta a Catalunya, la bajada es de un 5,78%, lo que significan 8.075 personas menos, pasando de 139.540 a 131.464. Es pues una bajada superior a la media estatal y que sitúa a esta Comunidad como líder en la destrucción de prestaciones a la dependencia. De hecho, de los 5 ítems valorados (beneficiarios, ayuda domicilio, cuidador no profesional, PEV y atención residencial), bajan todos, especialmente las PEV ́S y el cuidador no profesional.
Además, las personas que están «en el aire» y que siguen esperando que cristalice su derecho son nada menos que 19.254, un 12,04%.
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