Lares Federación, entidad que agrupa a  970 centros y servicios de atención a los mayores de gestión solidaria en toda España, ha publicado su IV Mapa Lares, un estudios que analiza por Comunidades Autónomas la situación de estos centros.
Las principales conclusiones de este documento son las siguientes:
· La deuda sigue en algunas CCAA
Parece que cede ligeramente la presión económica sobre los centros de mayores de gestión solidaria ya que las deudas astronómicas que soportaban por atender a los mayores dependientes en plazas concertadas se han disuelto y los pagos de las diferentes Administraciones han tendido a regularizarse.
No ha sucedido así en Andalucía, con una deuda de 52 millones de euros con el sector de la Dependencia; en Canarias, donde están pendientes de cobrar la factura de 4 meses, que hace que planee sobre los centros el cierre de camas y la reducción de puestos de trabajo; en los centros de Lares Comunidad Valenciana, a la espera de cobrar casi 4 millones de deuda, pendiente desde el mes de julio; y en Baleares con una deuda de plazas concertadas de 180.000 euros.
· Valoraciones tarde y a la baja
Se generaliza la dinámica de asignar a los dependientes índices de dependencia inferiores a los que realmente padecen para aligerar las facturas sociales y recayendo así sobre los centros el sobrecoste que implica atender las necesidades reales de estas personas.
Además, en 8 Comunidades Autónomas se sobrepasa el plazo de 6 meses para emitir estas valoraciones que dan acceso a los usuarios a los servicios que requiere su situación (plaza en residencia o centro de día o ayuda económica vinculada a un servicio, por poner los ejemplos más comunes).
· La ocupación de plazas es desigual
Las plazas concertadas que no se cubren suponen para los centros un foco importante de pérdida de recursos económicos.
Con antelación a los recortes generalizados, era práctica habitual que las Administraciones abonaran un porcentaje del coste de la plaza en concepto de “reserva”, mientras gestionaban su ocupación. En Andalucía y Valencia este concepto se suprimió, y constituye ahora un punto más de incertidumbre financiera. En Aragón la desocupación de estas plazas asciende al 85%, si bien existe la posibilidad de ocuparlas con demanda privada.
· El precio de la plaza se congela
El precio que las Administraciones autonómicas pagan por plaza concertada es dispar. Los importes más bajos (precio medio diario por un dependiente de grado II en residencia) se registran Extremadura (40 euros), Cantabria (40,64 euros) y Asturias (42,3 euros). Los importes más altos los reciben los centros de Navarra (60 euros) y Euskadi (88 € día en Guipúzcoa).
Los precios de las plazas concertadas están congelados desde el 2012 en varias comunidades autónomas. Así sucede en Extremadura, Aragón, Andalucía y Castilla La Mancha. Desde el año 2009 no han variado los precios en Castilla y León, Valencia y Murcia. Han aumentado el índice equivalente al IPC en Cantabria, Asturias y Galicia. En Madrid y Canarias los precios bajaron sustancialmente en el ejercicio 2013. En concreto el 14% y el 10% respectivamente. En Euskadi y La Rioja ha habido un ligero aumento del precio por plaza concertada.
Son muchas las Asociaciones de Lares las que advierten de que estos precios están por debajo del coste real del servicio.
· El copago se generaliza
La fórmula del copago se ha extendido a prácticamente todo el territorio. Este sistema supone una fórmula mixta de financiación de los servicios sociales de forma que el usuario paga, en virtud de sus ingresos, una parte de la atención que recibe.
· No todos somos iguales ante la Ley
El principio constitucional de que “todos los ciudadanos son iguales ante la Ley” es difícil de sostener en el caso de la Ley de la Dependencia, ya que hay significativas diferencias entre la oferta de servicios, las ayudas y el acceso a la atención en los diferentes territorios.

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El IV Mapa Lares analiza la situación de los centros de mayores del sector no lucrativo

Así las cosas, este informe de Lares Federación apunta a que los centros de mayores parecen estar llamados a convertirse en puntos de atención sociosanitaria y en referentes ciudadanos de prevención de la dependencia. Se trata de atender tanto a residentes como a los ciudadanos, rentabilizando instalaciones y equipos profesionales con voluntad prevenir mejor que de curar.
Esta es una tendencia que se refleja ya en Castilla La Mancha (donde se está pidiendo a los centros la elaboración de carteras de servicios múltiple), y que podría tener un espacio muy significativo en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, actualmente en elaboración.
Además, el IV Mapa Lares hace un balance de los ocho años de aplicación de la Ley de la Dependencia. Según las Asociaciones Lares, la Ley fue un hito porque convirtió la atención a la dependencia en un derecho y los servicios sociales en un pilar de equilibrio social, en un factor de arraigo social y cultural además de impulsar una actividad económica que facilitaría la creación de empleo.
Para un porcentaje significativo de las Asociaciones Lares dos son las principales consecuencias positivas que ha aportado la Ley: lo que supuso para la adecuación de los centros y para la profesionalización de los cuidadores.
Otra consecuencia importante que se repite es la incorporación del concepto Calidad como patrón de la actividad: la calidad en la atención, en la gestión y en el desarrollo de los servicios sociales.
El aspecto negativo es la llegada de la crisis económica en un momento en el que a la Ley le faltaba consolidación y una dotación presupuestaria estable, acorde con la magnitud de este “pilar del bienestar” llamado dependencia.
Los interesados pueden descargar el documento al completo aquí.