/p>Ante la reciente sentencia que anula el decreto de Copago de 2013, Aerte, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, exige que se revise y se normalice la normativa estatal.
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Aerte exige homogeneización de la normativa para evitar que personas con escasos recursos económicos queden en una situación insostenible

Esta asociación recuerda que la aplicación de un copago es de obligado cumplimiento por parte de los gobiernos autonómicos y que la normativa debe igualar en condiciones a las personas con discapacidad con las personas mayores, sean dependientes o no, que siempre han venido abonando un copago desigualitario de un servicio necesario y fundamental.
Aerte entiende que la participación en soportar el coste de los servicios públicos es necesaria para poder mantener el sistema, pero que esto no puede expulsar a las personas del sistema y sí debe conseguir que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones.
En este sentido, se solicita a la Generalitat que normalice la situación cuanto antes y exija al Gobierno central la homogeneización de la normativa para evitar que ninguna persona quede en una situación económica insostenible y que obligue a todo tipo de entidades a aplicarlo una vez normalizado. Desde Aerte se indica, por ejemplo, que no es posible la aplicación de una fórmula que deje con 100 euros disponibles a las personas con los que deben comprar cosas tan básicas como sus medicamentos o su ropa. Se deben utilizar conceptos de renta neta y no incluir patrimonio que no es liquido para posibilitar evitar situaciones económicas insostenibles.
Además, esta asociación reclama a la Generalitat la máxima transparencia en su aplicación para evitar que se produzcan errores administrativos que conlleven injusticias en el copago. Y para ello recomienda establecer reuniones informativas que posibiliten la comprensión de los cálculos, así como información previa sobre los mismos. Así mismo, considera imprescindible consensuar y homogeneizar los costes de referencia, costes que conllevarán una equivalencia con respecto a los cálculos reales, los cuales no tienen consonancia con los publicados hasta ahora por la Administración valenciana.
Desde Aerte se solicita nuevamente agilizar de forma prioritaria los más de 10.000 expedientes paralizados durante años de cara a que personas dependientes perciban las prestaciones que por Ley les corresponde, ya que no pueden recibir los servicios que necesitan y que, en algunos casos, llevan esperando desde hace más de tres años.
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