Desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) se advierte de la urgente necesidad de que se reforme la actual Ley de Autonomía Personal y Dependencia para que el copago deje de expulsar del sistema a personas que necesitan de su protección.

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COCEMFE reclama una reforma que establezca criterios más claros, justos e iguales para el copago de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia

Por ello, esta Confederación ha suscrito suscribe el manifiesto que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) “NO AL COPAGO CONFISCATORIO, que expulsa a las personas con discapacidad y sus familias de la protección y los derechos sociales”, en el que se apuesta por la reforma de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Así, desde COCEMFE su presidente, Mario García, afirma que “somos conscientes de las enormes expectativas que en todo el tejido social creó la Ley de Autonomía Personal y Dependencia y apostamos por que se cumplan, aunque sea con retraso, para que todas las personas que adquirieron un derecho subjetivo con esta ley por pertenecer a un grupo social en situación de estructural vulnerabilidad puedan ejercerlo de una vez”.
Es por ello que COCEMFE apoya la puesta en marcha por parte del CERMI de una Iniciativa Legislativa Popular con el propósito de recabar en los próximos meses 500.000 firmas que permitan llevar a las Cortes Generales una reforma de la Ley que establezca criterios más claros, justos e iguales en relación a la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias.
La propuesta del sector de la discapacidad pasa por modificar el artículo 14 de la vigente ley para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, así como el artículo 33, de modo que se incorporen garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben.
De este modo, el artículo 33 debería establecer que queden exentas de copago las personas por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-), que se limite la aportación máxima en el 60% del precio de referencia del coste del servicio; y que se asegure un mínimo para gastos personales, que no sea inferior al 40% de la capacidad económica.