/p>La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) y los sindicatos CCOO y UGT han aprobado el VI convenio colectivo laboral para centros y servicios de atención a personas de titularidad pública.
Geriatricarea Convenio Laboral servicios de atención a personas
Este acuerdo consolida la estabilidad laboral, aumenta la calidad del servicio y fomenta la formación

Este convenio de ámbito autonómico tiene una duración de tres años y garantiza un marco profesional y laboral estable, regulando las relaciones y derechos de los más de 5.000 trabajadores que prestan servicios sociosanitarios a una población, en su mayoría en situación de dependencia, que reciben atención en centros y servicios de titularidad pública.
Gracias a este acuerdo también se creará una comisión de formación de cara a impulsar la profesionalización y aumento del conocimiento entre los profesionales del sector; así como una comisión de seguridad y salud laboral que tendrá como objetivo coordinar el desarrollo efectivo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El convenio incide también en el fomento a la igualdad de oportunidades, para lo que se crea la comisión de Paritaria de Igualdad, y fortalece la regulación de las funciones por categorías en los distintos centros y servicios que engloba el convenio: empresas que tengan adjudicada, mediante contrato con alguna administración pública, la gestión de residencias de tercera edad, Centros de Día, centro de mujer 24 horas, centros de atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de genero, Servicios de Ayuda a Domicilio; centros de atención preventiva para personas mayores; servicios de farmacia y mayor a casa, así como cualquier centro, programa o servicio de titularidad pública, para la atención a personas.
Para María José Mira, directora de Aerte este convenio supone “un acuerdo esencial entre los principales agentes en un sector generador de empleo tanto directo, por cada persona atendida crea dos puestos de trabajo, como indirecto. Además, el entendimiento de todas las partes se dirige hacia el objetivo común de profesionalizar más aún una actividad que fomenta el desarrollo de infraestructuras sociosanitarias que garanticen el derecho a recibir una atención de calidad”.

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