/p>geriatricarea FEDOP catálogo ortoprotésicoDe respuesta “masiva”, tanto por parte de establecimientos como de fabricantes y usuarios, ha calificado la Federación Española de Ortesistas Protesistas (FEDOP) la movilización convocada ayer lunes contra el borrador del nuevo catálogo ortoprotésico que contempla recortes en la prestación ortoprotésica que reciben casi cuatro millones de usuarios.
Las 15 asociaciones de ortopedias de comunidades autónomas que integran la federación se desplazaron en autobuses y coches compartidos para la concentración que tuvo lugar a las 12:00 horas frente a la sede de Partido Popular, en la madrileña calle de Génova, bajo el lema “Enseña la Amarilla«. Los profesionales acudieron a la protesta con sus batas blancas de trabajo, acompañados por silbatos amarillos, para mostrar su disconformidad contra los recortes que incluye el Proyecto de Orden Ministerial SSI/2015, por el que se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre.
De forma paralela, casi un millar de ortopedias de toda España cerraron durante la jornada en señal de protesta, acción que incluyó no atender los requerimientos ni de hospitales ni de prescriptores durante toda la jornada. A la convocatoria de FEDOP se sumaron otras asociaciones no federadas, como FETOR y el Gremi d’Ortesistes y Protesistes de Catalunya, así como establecimientos de ortopedia y farmacia-ortopedia no asociados. Desde la FEDOP se afirma que en la mayoría de provincias españolas el cierre ha llegado al 100%.
Estas acciones de protesta son originadas contra la orden ministerial por la que Sanidad prevé modificar, este mismo mes, la cartera de servicios de órtesis, prótesis y sillas de ruedas, empeorando las prestaciones y muy posiblemente llevarán al cierre o a despidos en la mitad de las 500 ortopedias que operan en el país, advierte la FEDOP, desde donde se señala que este sector, compuesto por pequeñas empresas, de tipo familiar y de pocos empleados en su mayor parte, “se encuentra frente a la peor crisis de su historia, dado que el Ministerio ha fijado a la baja los precios de los productos, no ha valorado los servicios de adaptación individualizada que prestan y se reserva la potestad de cambiar los precios nuevamente cada año”.
Para Luis Gallego, presidente de FEDOP, la propuesta que defienden con estas acciones de protesta es que, en lugar de un sistema de importes máximos, se aplique uno de ayudas y se deje a médicos y usuarios elegir qué producto utilizar. “Vamos a ser el país de Europa con menos cobertura de la prestación”, alerta el responsable de la patronal.
En este contexto, el Ministerio está decidido a modificar la cartera de servicios de manera que la sanidad pública únicamente cubra los productos incluidos en el nuevo catálogo, cuyos precios fijará y revisará cada año de manera unilateral. En dicha relación se reduce el precio de venta al público de los productos y con él los cuatro millones de usuarios que hay en España pierden el derecho a las ayudas si optan por utilizar prótesis u otros artículos (andadores, sillas de ruedas, etc.) no catalogados, algo que, por otro lado, no podrán recetarles los especialistas.
De esta manera, los productos que sobrepasen el importe oficial quedan fuera de la prestación pública. Hasta ahora, el usuario podía optar por un producto que quedara completamente cubierto o pagaba la diferencia entre el precio del establecimiento y la financiación asignada para un producto con otras características técnicas o estéticas.
Asimismo, el Gobierno pretende alargar los plazos de renovación de todos los productos, lo que puede dar lugar a situaciones como que a los niños que las utilizan se les queden pequeñas, cuando lo lógico sería que se pudieran ir renovando en función del crecimiento, o que productos destinados a reducir inflamaciones o corregir posiciones no puedan remplazarse evolutivamente cuando empiecen a surtir efecto.
Tampoco la orden ministerial ha tenido en cuenta que los productos ortoprotésicos están en constante evolución, con nuevas técnicas y mejoras que no podrán ser aplicadas en la sanidad pública si no las recoge el catálogo.