El protocolo se testó entre noviembre de 2017 y el pasado junio, con la participación de 138 profesionales de centros sanitarios, residencias de mayores y servicios sociales municipales. A partir de ahora, se aplicará en toda la red pública regional y el seguimiento correrá a cargo de los órganos de coordinación sociosanitaria. Además, para favorecer su difusión se desarrollará un programa de formación a partir de noviembre.

Esta nueva herramienta, que ya está a disposición pública y se ha editado también en formato resumido para facilitar su manejo por parte de los técnicos, aborda todas las tipologías de maltrato (físico, psicológico, sexual, financiero, negligencia y abandono) y diferencia el ámbito social-comunitario, el relacional-familiar y el institucional para mayores que viven en un centro residencial. Para cada uno de estos entornos establece factores de riesgo y de protección y sugiere herramientas de intervención.

Durante el proceso de pilotaje se han abordado 34 casos en los que el perfil de la persona maltratada se corresponde mayoritariamente con una mujer mayor, vulnerable, de entre 80 y 90 años, con patologías propias de su edad, una pequeña dependencia, un leve deterioro cognitivo y que vive con un hijo varón de entre 45 y 55 años con el que las relaciones familiares previas eran conflictivas. El maltrato suele traducirse en negligencia en el cuidado y abuso económico.

Tal y como afirma Pilar Varela, consejera de Servicios y Derechos Sociales, la elaboración de herramientas como este protocolo contribuyen a una mayor sensibilización y formación de los profesionales, al tiempo que favorecen la coordinación de recursos para garantizar la calidad de vida de las personas.

Asimismo, destaca que este documento da respuesta a la necesidad de contar con herramientas útiles y contrastadas que permitan objetivar los casos para su tratamiento o prevención. “Es una muestra de innovación social, que es una de las líneas que estamos impulsando desde la consejería con el fin de que los procesos de intervención social tengan una base científica y se establezcan a partir de experiencias contrastadas”, afirma la consejera de Servicios y Derechos Sociales.