Se está produciendo un preocupante aumento de personas que siguen sin recibir cuidados paliativos en nuestro país, tal y como se denuncia desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL), sociedades científicas que representan a más de 2.500 profesionales sanitarios de toda España.

Durante 2017 en España fallecieron 424.523 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. De ellas, un 75% precisaron cuidados paliativos, un total de 318.442 de las que 113.266 fallecieron por cáncer y 205.176, por otros procesos. De esta cifra, casi 129.500 eran personas con necesidades complejas, subsidiarias de ser atendidas por recursos específicos de cuidados paliativos. Aquellas que no presentan un nivel más alto de complejidad pueden ser atendidas por otros recursos, como Atención Primaria.

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Desde SECPAL y AECPAL se advierte del preocupante aumento de personas sin acceso a cuidados paliativos: más de 77.500 cada año

 
Según los porcentajes estimados en el Directorio de Recursos de SECPAL, como mucho 51.800 personas recibieron cuidados paliativos especializados, lo que supone que 77.698 personas y sus familias no accedieron a cuidados paliativos especializados durante 2017, pese a que su nivel de complejidad lo hubiese hecho necesario. Y la cifra va en aumento con respecto a años anteriores.
Estas sociedades científicas advierten también que iniciativas legislativas como la Ley Andaluza de Atención al Final de la Vida, no están paliando esta situación. En este caso concreto, el Defensor del Pueblo de Andalucía ha declarado que esta ley no ha cumplido el objetivo para el que había sido creada: garantizar una asistencia paliativa de calidad a los ciudadanos andaluces.

A nivel nacional, se estaba elaborando una ley para la atención a personas en procesos de final de vida. SECPAL y AECPAL desconocen si dicha ley contempla un presupuesto para la creación de recursos, ni acreditación para médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales. Tampoco si está previsto dar apoyo a las familias. Tampoco se contemplan permisos remunerados (como ya existentes en otros países de nuestro entorno) para cuidar y permanecer junto a los seres queridos que están al final de su vida.

«En los últimos años hemos asistido con estupor a concursos de traslados en los que se han sustituido profesionales perfectamente formados e implicados por otros sin formación. Sin tener en cuenta a las personas y familias a las que van dirigidos nuestros cuidados. O se han creado (escasos) recursos sin un perfil específico del profesional. Hemos escrito de forma insistente a los responsables de muchas comunidades para decirles que este reconocimiento es necesario. Lamentablemente, con poco éxito; dicen tener sensibilidad, pero en estos casos no la ejercen», aseguran estas entidades.
Por todo ello, desde SECPAL y AECPAL se reitera la necesidad de que se creen los recursos necesarios para que esas 77.698 personas y sus familias que precisan atención al final de la vida tengan los cuidados que necesitan, «los que se merecen y a los que tienen derecho para vivir ese proceso de final de vida con dignidad. Y para que el resto de las personas que padezcan una enfermedad avanzada y/o en fase final se puedan beneficiar de unos profesionales formados y apoyados por estos equipos específicos».
Y para ello es necesaria una ley nacional que garantice la equidad y la atención a esas personas, indistintamente de donde vivan; que contemple un presupuesto económico para la creación de recursos; que acredite a los profesionales para que sean los más preparados quienes cuiden de los casos más difíciles; que lo hagan de forma precoz, no solo en los últimos días o semanas; y que facilite a las familias el cuidado de sus seres queridos.