El Parlamento catalán ha aprobado, por unanimidad, crear una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de personas mayores, solicitada por Cs, PSC-Unidos, CatECP, CUP y PPC, y valida cuatro decretos ley relacionados con la crisis de la COVID-19.
El objetivo de esta comisión de investigación sobre la gestión de las residencias para personas mayores es realizar una radiografía de las formas de gestión de las residencias; analizar las causas que han llevado al colapso de algunas de ellas y la muerte de personas mayores, y si estas muertes se podrían haber evitado, También tratará de identificar qué elementos materiales y organizativos habrían sido útiles; determinar las personas físicas y los responsables políticos y administrativos en relación con la titularidad y la gestión de las residencias y las responsabilidades de cada una de estas personas.
Así mismo, la comisión de investigación configurará un mapa que permita conocer al detalle las muertes, los positivos de COVID-19 y las residencias más afectadas por la pandemia, e identificar medidas de reparación para las familias de las víctimas y mecanismos para que estos hechos no se repitan.
La Junta de Portavoces deberá acordar ahora la composición y el número de miembros de la comisión, que podrá incorporar también especialistas con voz y sin voto. Una vez la Junta haya acordado la composición y se determine quién ejercerá la presidencia, la comisión deberá constituirse y deberá aprobar el plan de trabajo, y las conclusiones deberán quedar recogidas en un dictamen que la cámara deberá debatir y votar en sesión plenaria.
Decretos ley de medidas por el coronavirus
En este mismo Pleno se han validado cuatro decretos ley, como el Decreto ley 11/2020, del 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias.
El Pleno también ha validado los decretos 12/2020, del 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en el estructura de la Administración de la Generalidad para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19; el 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad; y el 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña en el ámbito tributario y social.
