El Gobierno de Aragón impulsará una Estrategia para las residencias de mayores de la Comunidad Autónoma que tendrá como objetivo proteger y dar soporte a unos centros especialmente castigados por la pandemia de la COVID-19, y para ello contempla medidas a corto, medio y largo plazo, que pasan por apoyo económico, refuerzo de los protocolos de seguridad y alivio del confinamiento.
Para el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, es necesario «mejorar el sistema, ayudando a los centros y afrontando un cambio de modelo en los próximos meses y años que pasa por mejorar las prestaciones y formar al personal de residencias”, destacando que el encarecimiento de la prestación de servicios «tendrá que venir acompañado de mayores ayudas de la administración«. Javier Lambán asegura que «Aragón ha estado a la altura de las circunstancias y el sistema ha funcionado de forma razonablemente aceptable, teniendo en cuenta que la tasa de envejecimiento y de personas institucionalizadas en Aragón es superior a la media nacional y pese a ello, la tasa de fallecidos es inferior a la media, un 3,8 frente a un 5% en el resto del país».
Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, resalta «el especial esfuerzo que han realizado las residencias, que han estado en primera línea, y cuyos trabajadores han sido auténticos héroes y heroínas, una dedicación que no nos cansaremos de reconocer». Igualmente, incide en que «nos ha preocupado la protección de las más de 300 residencias de Aragón, que son una parte importante de la economía aragonesa. Hemos tratado de ayudarlas y de protegerlas».
Criterios para nuevos ingresos más flexibles
Dentro de las medidas económicas, y para aliviar la situación de algunos centros, se plantea flexibilizar una de las medidas impuesta para acoger a nuevos residentes, que actualmente exige al centro contar con un 10% de plazas libres. Con la estrategia presentada, se elimina este porcentaje y se permitirán los nuevos ingresos si el centro cuenta con un adecuado plan de aislamiento y contingencia y lleva dos periodos de incubación (28 días sin casos nuevos). “Además –apunta la consejera- los centros COVID van a seguir abiertos como puntos asistenciales en principio, y con apoyo sanitario, si es necesario; por lo tanto, serán el soporte de las residencias para realizar derivaciones y traslados cuando sea necesario”.
El plan de contingencia se va a exigir a todos los centros, que además deberán activar a través de sus servicios de prevención de Riesgos Laborales, planes de formación para su personal con el apoyo del Gobierno de Aragón. También se exigirá al sector que todos los centros cuenten con una reserva estratégica de material.
Protocolo de alerta inmediata a Salud Pública en caso de sospecha de coronavirus
Dentro de los planes de contingencia y de la nueva organización de las residencias, figura un protocolo de alerta inmediata a Salud Pública en caso de que sospeche de la posibilidad de que un residente tenga síntomas de coronavirus. “Eso permitirá trabajar de forma inmediata para aislar, sectorizar y derivar”, indica la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales. Del mismo modo, se va a potenciar el apoyo médico de los centros de salud a las residencias.
El presidente de Aragón y la consejera de Ciudadanía han anunciado también algunas medidas de alivio para los residentes y sus familias, que ya han entrado en vigor. La más destacada es que, previa petición de hora y con estrictas medidas de seguridad, se permiten visitas de familiares en aquellos casos donde no haya habido casos de COVID-19 o el centro cumpla 28 días sin positivos. Estas visitas son de un máximo de una hora, en el espacio predeterminado por el centro –preferiblemente exterior-, usando mascarillas y de un solo familiar en cada ocasión. También se autorizan en estos centros la entrada del servicio de peluquería, fisioterapeuta o rehabilitación, después de que se aprobara ya el de podología, y se autorizan los paseos de los residentes fuera de los recintos de los centros, dentro de la hora y el kilómetro de distancia estipulado.
Entre las medidas a largo plazo, que hay que consensuar con el sector, figura reflexionar sobre el papel de las residencias, que pueden ser puntos neurálgicos de atención a las personas mayores, sean residentes o no, porque pueden también especializarse en la prestación de determinados servicios, sobre todo en el medio rural. También está sobre la mesa la remuneración y condiciones de trabajo de los profesionales sociosanitarios, un análisis sujeto a la mejora de la financiación por parte del Estado de la Ley de Dependencia, tal como ha indicado la propia titular del departamento de Ciudadanía, quien apunta que es necesario exigir el 50% de la financiación que debe ingresar el Estado a las comunidades autónomas.
El Gobierno de Aragón también han anunciado una línea de subvenciones de millón y medio de euros para afrontar gastos extraordinarios sobrevenidos por la pandemia de coronavirus. Entre otros, figuran la contratación de personal para reforzar las plantillas, la compra de material de protección y la compensación por los ingresos perdidos al no poder recibir a nuevos residentes durante el estado de alarma.
