“El óptico-optometrista debe formar parte de Sanidad Castilla y León (Sacyl) si queremos que la población tenga una atención sanitaria pública de la visión correcta y completa”, afirma el nuevo decano del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León, Luis Ángel Merino.

Con estas palabras se pone de manifiesto la importancia de incorporar cuanto antes a estos profesionales al sistema público de salud, no solo para asegurar la necesaria atención de la salud visual de los castellanoleoneses, sino también porque su presencia en Sacyl supondría un relevante ahorro de costes al sistema, así como una disminución de las abultadas listas de espera para una consulta especializada en Oftalmología.

Así se desprende del informe entregado a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León sobre la ‘Ampliación de cartera de servicios en salud visual: una aproximación de evaluación económica’, en el que se aplica una traslación de las cifras recogidas en un estudio nacional elaborado por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas y la Sociedad Española de Optometría, teniendo en cuenta que la población de Castilla y León es el 5,13% del total de la española.

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El nuevo decano del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León, Luis Ángel Merino, pide incluir la figura del el óptico-optometrista en la sanidad pública castellanoleonesa

Tanto mediante el establecimiento de unidades de Optometría en ambulatorios o en el seno de los servicios de Oftalmología de los diferentes hospitales como mediante un acuerdo con entidades privadas (capitación), el ahorro para Sacyl que supondría esta ampliación de la cartera de servicios en salud visual sería considerable, no solo en términos económicos, sino también desde el punto de vista de la reducción de las listas de espera y el beneficio que recibiría la sociedad castellanoleonesa.

En concreto, de acuerdo con las derivaciones desde Atención Primaria, solo por problemas de agudeza visual –que se cuantifican en 74.000 personas al año en la población pediátrica y de 63.100 en la población adulta–, serían necesarias 16 unidades de Optometría en Castilla y León, con un coste anual de 59.309 cada una, lo que supondría un desembolso de 1.838.579 euros, casi la mitad de los 3.642.300 euros de coste estimado en la actualidad. El ahorro sería igualmente considerable si se optara por un modelo de capitación, cuyo coste se estima en 2.467.800 euros, 1.174.500 euros menos que lo que se gasta actualmente.

Tal y como señala el decano del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León, “llevamos muchos años luchando por la presencia de los ópticos-optometristas en Sacyl y no se nos ha escuchado, mientras la situación está cada vez peor para el paciente, con listas de espera interminables, escasez de profesionales, tratamientos individualizados inexistentes…”. Ángel Merino recalca también unas carencias que se han demostrado especialmente preocupantes en una situación de crisis sanitaria como la vivida este último año por la Covid-19, “con unas estructuras sanitarias del siglo pasado que están siendo superadas de forma evidente y no responden a las necesidades asistenciales actuales, en gran parte por la falta de los profesionales sanitarios adecuados y necesarios”.

Para lograr este objetivo, COOCYL solicitará una nueva reunión presencial con la Consejería de Sanidad para avanzar con la base de los estudios económicos y de necesidades en la atención sanitaria pública de la visión que ya han sido entregados a la Administración sanitaria, y lograr, por fin, “que se nos escuche y que los pacientes de Sacyl cuenten con una atención optométrica de calidad”.

“No es normal que una comunidad autónoma con una Facultad de Óptica y Optometría en Valladolid no cuente con nuestro colectivo en su sanidad pública, cuando otras comunidades, sin ofertar estos estudios, ya tienen a los ópticos-optometristas formando parte de los diferentes servicios de Optometría en atención primaria o de los servicios de Oftalmología en atención especializada”, denuncia el decano de COOCYL, quien lamenta que, con este tipo de situaciones, “suframos la fuga de nuestros jóvenes o nuestro talento, compañeros que están bien formados y podrían aportar mucho a nuestra sociedad, pero tienen que irse a otras comunidades o a otros países”.