El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya aumentará un 13,1% su presupuesto para 2023 respecto al del año anterior, lo que permitirá reducir a la mitad el tiempo de espera para lograr una valoración de grado de dependencia y la resolución del Programa Individual de Atención (PIA), que da lugar a recibir una prestación o acceder a un servicio de atención a personas en situación de dependencia, como residencias o centros de día.

En concreto, de los 2.981 millones de euros de 2022, el Departamento de Derechos Sociales pasará a tener 3.520 millones de euros (392 más), 239,88 millones de euros de los cuales son fondos Next Generation planificados para ejecutar y otorgar este 2023.

Desde la Generalitat de Catalunya se calificado las nuevas cuentas como «los mejores de la historia» y son unos presupuestos expansivos que permitirán reducir a la mitad el tiempo de espera para lograr una valoración de grado de dependencia y la resolución del Programa Individual de Atención (PIA).

Durante la presentación de estos presupuestos, el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano y Canadés, destacó el reto de la vida independiente como eje estratégico para Derechos Sociales, y que pasa para asegurar que todas las personas puedan desarrollar su proyecto vital con igualdad de oportunidades en su entorno familiar y comunitario, reforzando el sistema de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.

A grandes líneas, los importes que se destinan se desglosan de la manera siguiente:

• 839,3 millones de euros para los servicios de atención a la dependencia (gente mayor, personas con discapacidad y personas con problemática social derivada de enfermedad mental), entre los cuales hay un aumento de 81,3 millones para abrir a nuevas plazas y uno de 80 millones más para el incremento en las tarifas de los servicios.
• 17,2 millones para la reducción de las listas de espera de valoración del grado de la discapacidad y del de dependencia (+1,9M€).

La lucha contra la pobreza, la acción cívica y la inclusión social son otros de los grandes ámbitos dentro de los presupuestos de Derechos Sociales, y se destinan 821,16 millones de euros, 81,81 millones más que en los anteriores (+11%).

Este incremento permitirá desplegar redes de protección para afrontar la pobreza, que pasan por fortalecer el sistema de servicios sociales y ampliar las políticas dirigidas a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad para reducir la pobreza -especialmente la infantil-, la exclusión social y las desigualdades.