La accesibilidad universal sigue siendo «una deuda pendiente que se cronifica año tras año», tal y como denuncia la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). Por ello, desde esta entidad se pide aprobar con carácter urgente medidas para eliminar las barreras existentes todavía en el transporte y la vivienda que impiden la plena inclusión y participación activa de este grupo social en todos los ámbitos de la sociedad.
Durante una intervención en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Senado, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, advirtió que «100.000 personas viven encarceladas en sus casas, ya que no pueden salir por falta de accesibilidad», y aprovecho para recalcar la necesidad de «reformar de manera urgente de la Ley de Propiedad Horizontal, eliminando los límites económicos que impiden la realización de obras necesarias; y crear un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, con un 1 % de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a inversiones en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información».
El presidente de COCEMFE también denunció en que «en transporte, las barreras son constantes: estaciones sin adaptar, trenes limitados, aviones inaccesibles, autobuses sin rampa, la paulatina desaparición de taxis adaptados». En su opinión, «para garantizar accesibilidad plena en todo el sistema de transporte, lo que hay que articular es su seguimiento, control y sanciones por incumplimiento, y formar al personal de transporte en atención a personas con discapacidad».
Otras de las reivindicaciones más urgentes de COCEMFE son la aplicación efectiva y equitativa del nuevo baremo de discapacidad, actualmente con retrasos superiores a seis meses en el 76% de los casos, falta de formación del personal valorador y desconocimiento generalizado sobre la discapacidad orgánica. «No se puede valorar a quien no se comprende», remarcó Queiruga.
En materia de salud, desde esta entidad de reitera que el 75% de las personas con discapacidad física y orgánica no recibe los servicios que necesita y que el 81,6% asume sobrecostes mensuales en tratamientos y productos sanitarios, «lo que genera una discriminación basada en la renta». Por ello se exige:
- un espacio sociosanitario real
- una red pública de servicios coordinados
- la universalización de la atención temprana
Respecto a la autonomía personal, desde COCEMFE se reclama a reconocer la asistencia personal como prestación garantizada, reforzar la red de apoyos comunitarios, actualizar el catálogo ortoprotésico y asegurar el acceso universal a tecnologías de apoyo.
COCEMFE pide también implementar una educación verdaderamente inclusiva, con personal especializado y eliminación de barreras; políticas contra la discriminación interseccional de las mujeres con discapacidad; medidas específicas para entornos rurales; y un enfoque ético en el desarrollo de inteligencia artificial, que evite sesgos y exclusión digital.
Finalmente, denuncia que la financiación estatal a las entidades del Tercer Sector ha caído un 40% en cuatro años y que solo se concedió el 27% de lo solicitado para proyectos esenciales de 2025. «No se puede construir una sociedad justa dejando atrás a millones de personas. Pedimos al Gobierno, a los partidos y a las administraciones públicas: escuchen, dialoguen, actúen. Inviertan en inclusión y apuesten por la equidad», remarcó Queiruga ante el Senado.
