Es necesario ampliar la visión de los derechos de las personas mayores, reconociendo no solo los derechos sociales, sino también los civiles y políticos, y potenciar la protección frente al maltrato y la discriminación por edad, tal y como se expuso en la jornada “Los derechos de las personas mayores como cuestión de derechos humanos”.
Este encuentro, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), junto con el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Gregorio Peces-Barba, fue un espacio de reflexión, debate y visibilización sobre la situación y el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.
Más de tres décadas después de la proclamación del Día Internacional de las Personas Mayores, que tuvo lugar en 1990, la jornada planteó una pregunta fundamental: ¿qué avances son necesarios para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de los mayores?
Rafael de Asís Roig, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, impartió la conferencia inaugural titulada “La relevancia de los derechos de las personas mayores como cuestión de derechos humanos”, presentada por Encarnación Carmona Cuenca, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá y coordinadora del Laboratorio de Igualdad CEPC.
Las tres mesas de debate
En la primera mesa de debate fue titulada “Hacia una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores”, se puso de relieve la necesidad de avanzar hacia una convención internacional jurídicamente vinculante.
Aída Díaz-Tendero, investigadora en Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, destacó las aportaciones del sistema interamericano, subrayando experiencias como la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la opinión consultiva sobre el derecho al cuidado y la opinión consultiva sobre el derecho a la emergencia climática, así como jurisprudencia relevante, como el caso Poblete-Vilches.
Los ponentes coincidieron en señalar que los instrumentos actuales resultan insuficientes y que una Convención Internacional de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Mayores permitiría establecer un marco conceptual, legal y de rendición de cuentas que combata la discriminación por edad y promueva un enfoque positivo del envejecimiento.
La segunda mesa analizó la necesidad de modificar el artículo 50 de la Constitución Española en un contexto internacional marcado por el impulso de una convención específica sobre los derechos de las personas mayores y por el creciente activismo de organizaciones nacionales, como la Mesa Estatal y HelpAge.
Los participantes señalaron que el actual contexto demográfico, caracterizado por el envejecimiento progresivo de la población, justifica una revisión del precepto constitucional, cuya redacción vigente responde a una concepción principalmente asistencial, vinculada a la protección social y a la insuficiencia económica.
En este sentido, se defendió la ampliación del alcance del artículo 50 para reconocer expresamente el pleno goce de todos los derechos de las personas mayores, más allá de los derechos sociales, incorporando la prohibición de cualquier forma de discriminación por razón de edad y medidas específicas frente al maltrato y el abuso.
Asimismo, como destacó Fernando Flores Giménez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, resulta esencial reforzar la garantía de derechos fundamentales como la salud, la vivienda y una vida digna, autónoma e independiente.
La tercera mesa, titulada “Sobre la necesidad de una ley estatal sobre derechos de las personas mayores”, abordó los retos normativos pendientes y la conveniencia de una regulación estatal integral que articule y refuerce la protección jurídica de las personas mayores.
La jornada concluyó tras un día de análisis y debate, en el que se puso de manifiesto la urgencia de avanzar hacia un marco normativo más ambicioso, coherente y garantista que reconozca a las personas mayores como titulares plenos de derechos y que promueva su dignidad, autonomía y participación activa en la sociedad.
