Desde la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) se valora positivamente la disposición mostrada por el Gobierno para revisar las reglas de desindexación en el marco de la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No obstante, esta entidad advierte que mientras no se establezcan mecanismos para trasladar los incrementos salariales a los contratos públicos, el servicio de ayuda a domicilio seguirá afrontando graves riesgos para su sostenibilidad, continuidad y calidad.
La propuesta anunciada por el Ministerio de Trabajo contempla un incremento del SMI del 3,1%, lo que supondría una subida de 37 euros mensuales, hasta situarlo en 1.221 euros al mes en 14 pagas, manteniendo además la exención del SMI en el IRPF. Más allá del porcentaje concreto, ASADE señala que el principal problema continúa siendo la ausencia de instrumentos que permitan reflejar estos incrementos salariales en los contratos y conciertos públicos que financian mayoritariamente el servicio de ayuda a domicilio.
ASADE considera especialmente relevante que, desde el propio Gobierno, se reconozca que el actual marco de desindexación genera tensiones estructurales en sectores intensivos en mano de obra, como el de la ayuda a domicilio, donde los costes salariales representan la práctica totalidad del coste del servicio.
En este sentido, el incremento de los costes laborales, como en este caso de la subida del SMI, tiene un impacto directo, inmediato y acumulado que no puede ser absorbido por las entidades prestadoras si no se revisan las condiciones económicas de los contratos públicos en vigor.
En este sentido, la Asociación celebra la disposición manifestada por el Ministerio de Trabajo para explorar, junto con los ministerios competentes, posibles fórmulas que permitan revisar o flexibilizar parcialmente las normas de desindexación en la contratación pública, una reivindicación histórica del sector.
ASADE pide que esta reforma se acometa con carácter urgente y de manera específica, desligada de otros debates generales, permitiendo introducir mecanismos de actualización de precios que reflejen los costes reales del servicio, en particular los derivados de la evolución salarial y del cumplimiento de las obligaciones normativas.
Tal y como afirma Ignacio Gamboa, presidente de ASADE, “el servicio de ayuda a domicilio es un servicio esencial del sistema de cuidados y más del 90% de su financiación depende de contratos y conciertos públicos. Cualquier subida del SMI, por necesaria que se pudiera considerar, debe ir acompañada de mecanismos que permitan actualizar esos contratos; de lo contrario, se obliga a las entidades a prestar un servicio esencial en condiciones estructuralmente deficitarias, poniendo en riesgo su continuidad, la calidad de la atención y el empleo. Debemos redefinir la colaboración público privada con unas reglas claras y justas”.
ASADE también valora positivamente que la propuesta del Ministerio no incluya modificaciones en las reglas de compensación y absorción salarial, una cuestión especialmente sensible que, de abordarse, debería hacerse siempre con pleno respeto al Estatuto de los Trabajadores y a la negociación colectiva.
Esta asociación recalca que servicio de ayuda a domicilio constituye un pilar fundamental del sistema de atención a la dependencia y del sistema de cuidados, clave para la atención a personas mayores, dependientes y en situación de vulnerabilidad, y para garantizar la permanencia en el hogar, la cohesión social y la sostenibilidad del sistema sociosanitario. Su carácter esencial exige un marco regulatorio que garantice su calidad, estabilidad y viabilidad económica.
