El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, ha presentado el ‘Estudio exploratorio de la prevalencia y características de la discapacidad en España’, una investigación que ofrece una fotografía actualizada de las solicitudes de discapacidad en España.
Se trata de una investigación que proporciona una visión actualizada de la discapacidad reconocida en España y analiza los perfiles sociodemográficos y tendencias observadas en la última década. Este informe pone de relieve una transformación relevante en los perfiles de los solicitantes de la discapacidad en España.
Un punto fundamental del informe es la relevancia del Real Decreto 888/2022, que ha transformado el sistema de valoración de la discapacidad. Según el estudio, este cambio normativo permite avanzar hacia una valoración más accesible y centrada en la persona, alineada con los principios de inclusión e igualdad de oportunidades.
Perfil demográfico y territorial
El análisis muestra una distribución por sexos globalmente equilibrada, aunque con un ligero predominio femenino en la mayoría de las comunidades autónomas. El estudio muestra que el perfil predominante corresponde a personas adultas comprendidas entre los 35 y los 64 años. Este dato refleja que la discapacidad reconocida en España está envejeciendo, con una edad media que se sitúa en los 55 años y con importantes diferencias territoriales.
En algunas comunidades autónomas, como Galicia, Asturias o Castilla y León, se registra una mayor concentración de personas en edad avanzada y la edad media supera los 60 años. En Baleares, las personas de 80 años o más representan más del 42 % de las solicitudes, el porcentaje más alto del estudio. Mientras, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia son las comunidades con perfiles relativamente más jóvenes, con una edad media que se sitúa en los 49 años.
Transformación significativa en los perfiles de los solicitantes
En relación con el tipo de discapacidad, en la mayor parte de los territorios la discapacidad física aparece como la categoría alegada con mayor frecuencia en el momento de iniciar la solicitud, sin embargo, se detecta también un incremento de situaciones vinculadas a la salud mental y a perfiles más complejos y multidimensionales.
Desde la dimensión cualitativa que incluye el estudio, se confirma que en los últimos años se ha producido una transformación significativa en los perfiles de las personas solicitantes, con un claro aumento de solicitudes entre personas mayores, así como un mayor peso de los problemas de salud mental, trastornos del neurodesarrollo en infancia y adolescencia, y perfiles complejos o mixtos.
Todo ello dibuja un sistema que atiende hoy una demanda más plural y compleja que la de etapas anteriores, y que debe responder no solo a cambios epidemiológicos o demográficos, sino también a transformaciones sociales, institucionales y culturales en la comprensión de la discapacidad.
Fortalecer los sistemas de valoración y atención a la discapacidad
El informe subraya la relevancia del cambio normativo introducido por el Real Decreto 888/2022, que adaptó el sistema español de valoración de la discapacidad y supuso un gran avance hacia una valoración centrada en la persona, más accesible y coherente con los principios de inclusión, igualdad de oportunidades y participación social.
Asimismo, las conclusiones del estudio apuntan a la necesidad de seguir fortaleciendo los sistemas de valoración y atención a la discapacidad, reforzando la coordinación territorial, la formación especializada y la disponibilidad de recursos para responder a las nuevas realidades sociales y demográficas.
La investigación pone de relieve la importancia de avanzar hacia modelos cada vez más centrados en los apoyos, la participación y la calidad de vida de las personas con discapacidad, consolidando una visión de la discapacidad basada en los derechos humanos y en la igualdad efectiva.
Este estudio, que puede consultar en este enlace, ha sido desarrollado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y coordinada por el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID) del Real Patronato sobre Discapacidad, con la participación de 15 comunidades autónomas.
