El Gobierno avanza en la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, que ya ha sido tomada en consideración por el pleno del Congreso de los Diputados. A juicio del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 esta reforma busca construir un sistema de cuidados público y de calidad, al tiempo que promover el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y a la autonomía personal.
La Cámara Baja ha dado luz verde a la toma en consideración de esta reforma legislativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que creará un Programa Estatal que financiará las intervenciones de accesibilidad para que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar de servicios públicos, al tiempo que agiliza los trámites administrativos y avanza en la transformación del modelo de cuidados.
El texto, que establece el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y a la autonomía personal, ha sido apoyado por la mayor parte del hemiciclo. Tal y como señala el ministro Bustinduy esta reforma es el resultado de un proceso plural y participativo. “Es una ley de país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales, del asociacionismo de los derechos de la discapacidad y la dependencia”, señala.
Además, destaca que responde a las necesidades del reto demográfico al que se enfrenta España, ya que “el mundo en el que vivimos hoy ha cambiado, y eso nos obliga a que nuestros estados del bienestar puedan responder a estos cambios”.
A juicio del Ejecutivo, la reforma constituye un paso decisivo para desplegar el mandato del renovado artículo 49 de la Constitución, que sitúa la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal como pilares de los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, el ministro de Derechos Sociales pide consenso político para continuar con el trámite parlamentario de una ley que permitirá pasar del reconocimiento formal de derechos a su ejercicio real en todos los ámbitos de la vida. “Envejecer no es un lastre, es un logro democrático”, recalca el ministro.
El texto legislativo prevé la incorporación de más servicios y prestaciones al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, además de eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
La reforma consolida la accesibilidad universal como un derecho, generando obligaciones para que la sanidad, la vivienda, los ayuntamientos y el patrimonio histórico sean universalmente accesibles, y establece un fondo económico público para financiar estas intervenciones de supresión de barreras. La norma también:
- establece la teleasistencia como un derecho
- amplía la ayuda en el domicilio
- permite compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema otorgando mayor autonomía a las personas con discapacidad y fomentando su inserción laboral
- establece un marco para fomentar la tecnología orientada a la mejora de la calidad de los servicios sociales
- incorpora medidas para desburocratizar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad.
Estas medidas permitirán una mayor personalización en la atención a cada persona, avanzando en la transformación del sistema de cuidados. La reforma permitirá adaptar los apoyos a las personas y no obligar a las personas a adaptarse a las rigideces del sistema, al tiempo que dignifica el trabajo de cuidados.
“Esta reforma busca centrarse no sólo en quienes necesitan cuidados, sino también en quienes cuidan”, incide el ministro de Derechos Sociales, que destaca esta reforma va a permitir seguir revirtiendo la infrafinanciación sistemática del sistema.
