El 71% de los mayores de 65 años desconoce sus derechos ante la dependencia y reclama mayor asesoramiento jurídico preventivo, tal y como indica un estudio de onLygal, compañía especializada en soluciones legales de protección jurídica y servicios legales.
El envejecimiento demográfico en España plantea nuevos retos sociales y asistenciales, pero también jurídicos. Según los datos del Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, el 71% de los mayores de 65 años admite desconocer en gran medida sus derechos ante situaciones de dependencia, pérdida de autonomía o conflictos familiares.
Un 66% asegura que le gustaría disponer de un abogado de confianza al que acudir para tomar decisiones relacionadas con su patrimonio, sus cuidados o su futuro. Además, el 52% considera que contar con ese asesoramiento le permitiría hacer valer mejor sus derechos. De hecho, para cuatro de cada diez mayores de 65 años los abogados son la principal fuente de consulta en asuntos relacionados con la herencia y la gestión patrimonial.
El aumento de la esperanza de vida transforma las necesidades legales de las familias. Cuestiones como la planificación patrimonial, la gestión de ayudas públicas, la protección frente a fraudes o la organización de la asistencia requieren una mayor anticipación para evitar que los problemas se aborden de manera tardía, cuando las alternativas son más limitadas.
Interés por la planificación sucesoria y los poderes preventivos
El estudio detalla que el 68% de las personas mayores contrataría asistencia jurídica para planificar su herencia, y un 67% lo haría para otorgar testamento o poderes preventivos. También destaca el interés por:
- recibir asesoramiento jurídico para reclamar tras una caída en la vía pública (65%)
- solicitar ayudas asistenciales (65%)
- resolver reclamaciones de consumo (65%)
- gestionar bienes y patrimonio (56%)
- tramitar pensiones de jubilación o viudedad (53%)
- afrontar situaciones relacionadas con estancias hospitalarias (53%)
- superar dificultades derivadas de la brecha digital (43%)
Pese a estas necesidades, únicamente el 46% de los encuestados asegura haber conversado con naturalidad sobre estas cuestiones con sus familiares o futuros herederos, lo que pone de relieve la existencia de barreras comunicativas en torno al envejecimiento y la gestión de la incapacidad.
Tal y como afirma Gemma Viñuales, abogada de onLygal, «cada vez vivimos más años, pero seguimos llegando a esa etapa sin preparar muchas de las decisiones jurídicas que pueden resultar determinantes para preservar nuestra autonomía».
«Instrumentos como el testamento, los poderes preventivos o las voluntades anticipadas ya no son únicamente trámites legales; se han convertido en herramientas que permiten proteger la voluntad de las personas, evitar conflictos familiares y facilitar la toma de decisiones cuando aparecen situaciones de dependencia o deterioro cognitivo», añade Viñuales.
La importancia de anticiparse a la pérdida de autonomía
Desde onLygal recuerdan que acudir al asesoramiento jurídico de forma preventiva resulta clave para garantizar que se respete la voluntad de la persona afectada, y anima a las familias a hablar con naturalidad sobre estas cuestiones y a anticipar decisiones especialmente relevantes para envejecer con tranquilidad, como:
- Planificar la sucesión mediante un testamento
Además de respetar la voluntad de la persona, facilita los trámites y reduce la posibilidad de conflictos entre herederos.
- Otorgar poderes preventivos
Permiten que una persona de confianza pueda actuar en nombre del titular si este pierde su capacidad de decisión, preservando su voluntad.
- Proteger el patrimonio frente a abusos o fraudes
Contar con asesoramiento jurídico antes de realizar operaciones relevantes ayuda a evitar estafas, presiones o decisiones precipitadas.
- Analizar las implicaciones legales de las decisiones sobre la vivienda
Donaciones, usufructos, rentas vitalicias o ventas requieren valorar previamente sus consecuencias jurídicas y fiscales.
- Favorecer la comunicación familiar
Una planificación transparente y documentada reduce significativamente los conflictos relacionados con herencias, cuidados o gestión patrimonial.
