La Administración valenciana acumula una deuda de 60 millones de euros con el sector de atención a la dependencia, con una media de seis meses de impagos, una situación que desde Aerte se afirma que está minando al sector desde hace años y sitúa a las empresas y profesionales en una situación de “fragilidad absoluta” sobre su futuro.

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La deuda de la Administración valenciana impide que los centros funcionen con normalidad y sigan en una constante incertidumbre sobre su futuro

Tras más de tres años de impagos continuados, Aerte, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, alerta nuevamente al Gobierno valenciano de esta situación, que hace peligrar la subsistencia del sector. María José Mira, directora general de Aerte, afirma que “un año después de solicitarlo, seguimos a la espera de reunirnos con la Conselleria de Hacienda para determinar un necesario plan de pagos equilibrado que resuelva de una vez esta situación que afecta directamente a la viabilidad del sector”.
Y es que cada mes de impagos supone 15 millones de euros más de deuda, lo que conlleva una continua espiral de deuda que alimenta la gravísima situación del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat, generando una perenne incertidumbre sobre el futuro de los centros, de los más de 14.000 empleos directos que genera, y de los servicios que ofrecen a los más de 22.000 personas dependientes que necesitan cuidados sociosanitarios diarios y profesionales.
Además, esta la asociación recuerda que los pagos deben de efectuarse de forma equilibrada y sin diferencias por programas, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones. En este sentido, Mira denuncia que “la falta de criterio en este sentido tiene como consecuencia que unas partidas se cobren y otras no. Unas facturas estén contabilizadas y otras no; unos tutelados tengan sus expedientes correctamente resueltos y cobrando, y otros no; unos ayuntamientos pueden ir pagando poco a poco los servicios que contratan y otros no. Tenemos una Comunidad que funciona a diferentes velocidades en este sector”.
A día de hoy, todos los programas de asistencia padecen la deuda de la Administración. Así, por ejemplo, los centros de atención a personas que sufren algún tipo de discapacidad, de titularidad pública pero que gestionan las empresas, registran ya 12,4 millones de deuda acumulada, entre tres y cuatro meses sin cobrar; los mismos tipos de centros pero que atienden a personas mayores, 16,9 millones, entre tres y cuatro meses sin cobrar; las plazas concertadas, 20 millones, entre cinco y seis meses sin cobrar; los bonos residencia, centros de día y respiro, donde algunos centros no han cobrado nada en todo el año, alcanzan los 3,5 millones; o los centros que atienden a personas con problemas relacionados con la salud mental e incluso a personas tuteladas por la Generalitat, 3,5 millones.
Aemás, Aerte insiste en la necesidad de que la Conselleria de Bienestar Social contabilice toda la deuda al día, de modo que no vuelva a ocurrir como con el Bono de Alicante, el cual no se ha cobrado todavía porque la dirección territorial parece que no había contabilizado a tiempo las facturas al tener personal de vacaciones.