/p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) se ha sumado a la campaña de captación de firmas consensuada con todo el movimiento asociativo de la discapacidad para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de reforma de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, que permita establecer unos criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias.
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Esta Iniciativa Legislativa Popular pretende establecer unos criterios más claros, justos e iguales en la Ley de Autonomía Personal y Dependencia

De este modo, COCEMFE apoya la iniciativa puesta en marcha por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que bajo el lema “Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio”, pretende la lograr las 500.000 firmas necesarias para que prospere la Iniciativa Legislativa Popular y la modificación del copago llegue al Congreso de los Diputados para su posible admisión y debate.
Y es que, tal y como explica, Mario García, presidente de esta entidad, “durante la crisis, las personas dependientes se han visto obligadas a incrementar de media su aportación económica más de un 60% y la falta de una regulación para todo el país nos ha dejado copagos muy dispares e inasumibles en muchos casos. Hay personas que han tenido que renunciar a su prestación de dependencia al no disponer de recursos, es decir, que han sido expulsadas del sistema porque no podían ‘pagar’ sus derechos”.
En este sentido, la propuesta del sector de la discapacidad pasa por modificar el artículo 14 de la vigente ley para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, así como el artículo 33, de modo que se incorporen garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben, quedando exentas de copago las personas por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-).
También se pide que se limite la aportación máxima en el 60% del precio de referencia del coste del servicio y que se asegure un mínimo para gastos personales, que no sea inferior al 40% de la capacidad económica.

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